Día 16 de agosto. A 40 grados en El Pinós busco algo de sombra en el Paseo de la Constitución para conectarme a las redes y ponerme al día de la actualidad política. Entre noticias sobre la grave crisis climática y ambiental que ha alimentado los incendios en la península este mes, lo que más me abochorna es la nota de prensa del gobierno local de Alicante sobre el 'Top Manta': una comunicación que vincula migración con delincuencia y utiliza a personas vulnerables como arma arrojadiza contra el Ejecutivo estatal. El equipo de comunicación de Barcala, cubriéndose de gloria una vez más.

Breve contexto. La noche del jueves 31 de julio, apenas unas horas después de que la ultraderecha en el pleno del ayuntamiento cuestionara al concejal de Seguridad sobre la venta ambulante -en un alegato cargado de bulos y carente de datos, en su habitual estrategia de sembrar odio-, la Policía Local, Nacional y Portuaria desplegó un operativo en plena temporada alta, a las diez de la noche, en la dársena del Puerto. La acción se saldó con seis detenidos y escenas de tensión: paseantes y vendedores corrieron riesgos ante la huida desesperada de algunos manteros. Ellos, el último eslabón de una gran cadena internacional de explotación, serán quienes probablemente acaben enfrentándose a penas de prisión.

En esta ola reaccionaria, que apunta tanto contra mujeres como contra el colectivo LGTBIQ+ y las personas racializadas, el Partido Popular de Barcala ha hecho suyos dos argumentos para justificar la persecución del Top Manta: la supuesta inseguridad ciudadana que generan y el daño al comercio local. El telón de fondo, sin embargo, es más claro: blanquear el discurso racista en la pugna electoral frente a la izquierda y en sintonía con Vox. Una estrategia centrada en lo punitivo y policial, olvidando que el Ayuntamiento también tiene competencias amplias en materia social y de prevención.

¿Son los manteros un peligro para el vecindario de Alicante? No existe ningún dato oficial que relacione la venta ambulante con un aumento de la inseguridad. Lo que sí sabemos es que la mayoría de quienes ejercen esta actividad son migrantes en situación irregular que han huido del hambre, de la guerra y de la pobreza en sus países de origen, y que recurren a esta forma de venta para sobrevivir dignamente junto a sus familias.

¿Dañan al comercio local? Cabe preguntarse si una venta ocasional sobre una manta en la calle equivale realmente a un producto menos vendido en una tienda. Sin evidencias que lo confirmen sí conocemos, en cambio, varios hechos: que el principal canal para comprar falsificaciones y este tipo de producto es internet y no un puesto ambulante -sobre todo entre la Generación Z-; que los grandes centros comerciales en Alicante disfrutan de casi barra libre en cuanto a aperturas en domingos y festivos lo que genera desequilibrio con la capacidad del pequeño comercio; y que las multinacionales online pagan muchos menos impuestos que una pyme local.

Por eso venimos defendiendo el derecho a una competencia más equilibrada a través de una mayor restricción horaria de las grandes cadenas. Y por eso, en la pasada legislatura siendo concejal de UP propusimos una tasa especial a las multinacionales -conocida popularmente como 'Tasa Amazon'-, con la idea de revertir su recaudación en los comercios de barrio. La propuesta, ya aplicada en otros municipios, no encontró apoyo (cero sorpresas) en la derecha municipal. Ellos saben que los verdaderos adversarios del pequeño comercio son las grandes marcas y centros comerciales, no los manteros, y deben reírse a carcajadas viendo cómo alimentando esta absurda batalla del penúltimo contra el último, hay quienes caen comprando su discurso e incluso saliendo raudos a pedir más policía en la calle, ¿para protegernos de quién exactamente? 

El top manta es una problemática que afecta a multitud de municipios en nuestro país y que, en ningún caso, se resuelve -insisto- hablando de efectivos policiales. Esa medida, como mucho, oculta el verdadero problema: la precariedad de esas familias, derivada de la inseguridad jurídica que sufren en España por una ley de regularización que no acaba de llegar, lo que les impide acceder a un trabajo legal. Ante esta situación, muchas personas terminan en la venta ambulante, en condiciones de semi-esclavitud dentro de la economía sumergida y ultraprecarizada, o incluso en redes de explotación sexual, especialmente en el caso de las mujeres. Por eso, el discurso punitivista no solo evidencia una visión social muy limitada y un desconocimiento total de lo que ocurre, sino que además revela el racismo y la xenofobia interiorizada de quienes defienden esa postura.

El abordaje de soluciones debe partir de un enfoque integral municipal y, a partir de ahí, de la cooperación entre las diferentes administraciones públicas, especialmente con la Generalitat, que es la competente en políticas de inclusión. Por ejemplo, dando voz al top manta e invitando a su representación a una sesión del Consejo Local de Comercio, un órgano completamente marginado e infrautilizado por Barcala. También sería necesario poner en marcha el Consejo Local de Inmigración, que desde hace años parece provocar urticaria al Partido Popular. Además, convendría buscar mecanismos a nivel autonómico para la implementación de ayudas. En definitiva, se trata de tender puentes entre el Ayuntamiento y el Consell para mejorar la vida de estas personas y de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no para perseguir a los manteros, sino para detener a las mafias que trafican con sus vidas.

Xavier López Díez

Co-coordinador de Moviment Sumar País Valencià