Lo de estos días ha sido un auténtico esprint. Después de años —décadas— de conflicto, recursos judiciales y acusaciones, en cuestión de días —incluso horas—, la familia Puchades, propietaria de parte de los terrenos del Parque Natural de Serra Gelada, y el Gobierno de Benidorm liderado por Toni Pérez han alcanzado un “acuerdo”. Se ha ratificado en un pleno extraordinario y el juez, en un plis plas, lo ha bendecido —“homologado”, en la jerga togada—. Todo solucionado. Aquí paz y después gloria.
O eso dicen.
Le ha faltado tiempo al responsable del desaguisado para presumir de gestión y asegurar que la ciudad no puede estar en mejores manos: que no se subirán impuestos, que no se recortarán servicios y que el dinero aparecerá de la chistera si hace falta. No entraré hoy en las responsabilidades políticas —o, mejor dicho, en su ausencia— en la mayor condena urbanística a un ayuntamiento en España. Pero sí quiero hablar del futuro de la ciudad. Porque como representantes públicos estamos obligados a trasladar información clara a la ciudadanía. Sin adornos. Y que cada cual saque sus conclusiones.
- Distribución del coste
El coste real: pagar el doble
La condena al Ayuntamiento de Benidorm asciende a 283 millones de euros. Una cifra difícil de digerir si tenemos en cuenta que el último presupuesto municipal, el de 2024, fue de 142 millones —y no ha habido nuevos presupuestos en 2025 ni en 2026 pese a la holgada mayoría del PP—. A esa cantidad hay que sumar los intereses acumulados desde que la sentencia es firme: 67,4 millones de euros. En total, 350 millones. Hasta aquí, nada nuevo.
La novedad del “acuerdo” está en cómo se paga… y en cuánto acabaremos pagando realmente. Porque el coste final se eleva hasta unos 569 millones de euros. Es decir: el doble del valor de los terrenos. Este es el núcleo del problema: no se reduce la deuda, se aplaza. Y al aplazarla, se encarece.
El pago en metálico: diferir para pagar más
Empecemos por el pago en metálico.
En 2026 se abonarán 60 millones de euros. De ellos, 55 millones proceden del Gobierno de España, que ha permitido a Benidorm acogerse de forma extraordinaria al Fondo de Impulso Económico. Este dinero habrá que devolverlo en 12 años, con unos 13 millones adicionales en intereses. Los 5 millones restantes proceden del remanente de tesorería.
A partir de ahí, el acuerdo establece un periodo de carencia de cuatro años (2027-2030). Durante ese tiempo no se amortiza ni un euro del principal, pero sí se pagan 7,25 millones anuales en intereses. En total, 29 millones.
Nadie ha explicado por qué cuatro años de carencia. ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cinco? Lo único evidente es que cuanto más se retrasa el pago, más se paga en intereses.
La pregunta es inevitable: ¿por qué gastar 29 millones en intereses en lugar de empezar a pagar antes?
2031: el año clave
Todo cambia en 2031.
Ese año comienza el pago del principal. Según el acuerdo, el Ayuntamiento abonará un mínimo del 8% de sus ingresos corrientes. Es una fórmula avalada por Intervención que, en teoría, permite mantener los servicios sin subir impuestos. Pero tampoco aquí hay respuestas claras. No se ha facilitado ninguna proyección completa (sorprendentemente, un expediente tan importante no cuenta con informe de Tesorería). Sabemos que los presupuestos pueden variar, sí, pero entonces cabe preguntarse: ¿por qué el 8% y no el 7% o el 9%?
A falta de datos oficiales, el concejal socialista Antonio Charco ha realizado una simulación con el método alemán y un interés del 3,25%. El resultado es una estimación razonable: unos 12 millones de euros al año durante cerca de medio siglo. Si el pago empieza en 2031, harían falta unos 47 años para liquidar la deuda. Y en ese tiempo se pagarían alrededor de 175 millones en intereses.
En resumen: pagar más tarde implica pagar mucho más.
El pago en terrenos: la gran incógnita
La segunda vía es el pago en suelo. Y aquí es donde surgen más dudas. Esta fórmula ya estaba en el convenio de 2003 y nunca pudo aplicarse por falta de terrenos disponibles. De hecho, fue necesario prorrogar el acuerdo en 2010 y 2013. Ahora se recupera sin que exista un informe detallado del patrimonio disponible. La interventora ha dejado por escrito la necesidad de ese informe. El PSOE también lo ha reclamado. Pero no existe.
Y no vale cualquier parcela. El acuerdo exige terrenos urbanísticos, listos para edificar, sin cargas y ubicados en zonas concretas como Ensanche Levante, Murtal o Poniente.
De nuevo aparece 2031 como fecha clave. Ese es el plazo para entregar terrenos por valor de 67,4 millones. Y vuelve la misma pregunta: ¿por qué 2031? Si no había terrenos en 2003, ni en 2010, ni en 2013… ¿quién asegura que los haya dentro de cinco años?
- Calendario de pagos
Una estrategia difícil de justificar
Tras analizar el acuerdo, surgen varias preguntas inevitables: ¿Por qué diferir el pago si eso implica pagar más? ¿Por qué establecer periodos de carencia que solo incrementan los intereses? ¿Por qué concentrar todo en 2031 y adelante?
Todo apunta a una idea incómoda: se ha optado por aplazar el problema en lugar de resolverlo. No es una solución financiera óptima. Sí es, en cambio, una solución políticamente cómoda. Maquillaje. Hacer ver que aquí no ha pasado nada.
Hipotecar el futuro
Si miramos hacia atrás, vemos cómo Benidorm se ha transformado en los últimos 50 años, de acuerdo a unas necesidades concretas a las que ha tenido que dar respuesta la administración local con fondos propios. Pero si miramos hacia adelante, la perspectiva es inquietante. Estamos comprometiendo recursos públicos durante décadas. Hasta 2080. Eso significa menos margen para inversiones futuras infraestructuras, vivienda, sostenibilidad, adaptación al cambio climático… En definitiva, estamos condicionando el futuro de varias generaciones sin haberles dado voz.
¿Y ahora qué?
Hasta el momento, la única ayuda concreta ha sido la del Gobierno de España con los 55 millones iniciales. La Generalitat Valenciana, pese a su papel en la protección del parque natural, permanece al margen.
En este contexto, la portavoz socialista Cristina Escoda ha planteado una propuesta que merece debate: la creación de una tasa turística que ayude a aliviar el impacto sobre los contribuyentes. No es una idea aislada, sino alineada con posiciones cada vez más extendidas, incluso en ámbitos conservadores.
Conclusión
El “acuerdo” no elimina la deuda. No la reduce. No la hace más justa. La aplaza. Y al hacerlo, la duplica. Todo es muy legal, y los propietarios cobrarán hasta el último céntimo. Pero el Ayuntamiento pagará durante décadas. Benidorm carga con una factura que no deja de crecer. Porque esto no va solo de pagar. Va de cuándo se paga…
y de cuánto más acabamos pagando por esperar.
* Sergi Castillo Prats es concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benidorm
