Hay aniversarios que sirven para recordar y otros que, además, obligan a mirar de frente. El 29 de octubre pertenece a los segundos.
Han pasado dos años desde que la Dana golpeó brutalmente nuestra tierra y dejó 232 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana. Dos años de dolor, reconstrucción, preguntas y una exigencia que las asociaciones de víctimas siguen expresando con una claridad que debería interpelarnos a todos: verdad, justicia y reparación.
El tiempo transcurrido ha ido despejando muchas incógnitas. Y también algunas excusas. Porque dos años después sabemos algo fundamental: el sistema podía funcionar. Las administraciones podían coordinarse. La información existía. Los recursos estaban disponibles. Lo hemos comprobado, dolorosamente, en los episodios meteorológicos posteriores y acabamos de volver a comprobarlo durante la dana Adam en la Safor.
Ha habido avisos, anticipación, confinamientos preventivos, coordinación entre administraciones y despliegue de los recursos del Estado. Pilar Bernabé lo resumía estos días con una frase sencilla: “En 2024 hubo un lado en el que faltó voluntad de coordinar; hoy esa coordinación existe”. Y esa comparación resulta demoledora. Porque si el mismo sistema, con las mismas administraciones y competencias, es capaz de coordinarse ante otra emergencia, resulta mucho más difícil sostener que el problema del 29 de octubre de 2024 fue el modelo. Lo que falló aquel día fue su aplicación y la dirección política de la emergencia por parte de quienes tenían las competencias para hacerlo.
Mientras Valencia se inundaba, Carlos Mazón prolongaba durante horas su comida en El Ventorro. Mientras la emergencia avanzaba, el máximo responsable de la Generalitat estuvo ausente de donde tenía que estar. Y cuando miles de valencianos necesitaban información para proteger sus vidas, el aviso a la población llegó demasiado tarde.
Dos años después, aquello no puede despacharse como una polémica política. Hay 232 razones para no hacerlo. Y la responsabilidad política tampoco puede reducirse únicamente a Mazón. Existió un Consell, un Gobierno valenciano, que después dedicó demasiado tiempo a construir relatos, buscar culpables fuera y enfrentarse al Gobierno de España en lugar de asumir sus propias responsabilidades.
Por eso resulta especialmente significativo que Susana Camarero, vicepresidenta de aquel Consell y posteriormente su portavoz, encabece ahora la candidatura del PP al Senado por Valencia. El mismo Senado cuya comisión de investigación sobre la Dana no consiguió escuchar durante meses a responsables del Gobierno valenciano mientras las víctimas reclamaban respuestas. Resulta difícil no apreciar la paradoja: quienes tenían que rendir cuentas ante los valencianos pueden terminar ocupando un escaño en la Cámara en la que esas explicaciones fueron tantas veces aplazadas.
Frente al ruido, están los hechos. El Gobierno de España ha movilizado 16.600 millones de euros para la respuesta y reconstrucción tras la Dana de 2024. A septiembre de este año se habían empleado ya más de 9.750 millones entre ayudas, financiación y actuaciones directas. No significa que todo esté resuelto. Ni mucho menos. La reconstrucción continúa y queda muchísimo por hacer. Pero los datos desmontan el relato de un Estado ausente.
Lo vimos entonces y lo hemos vuelto a ver estos días. Ante una emergencia, la cooperación y la unidad son fundamentales como no deja de repetir el presidente Pedro Sánchez. Y hoy Diana Morant y Carlos Cuerpo regresan a la zona afectada. Un Gobierno que estuvo en la Comunitat Valenciana durante la emergencia de 2024 y que ha seguido estando durante la reconstrucción.
Por eso fueron especialmente irresponsables algunos bulos difundidos tras aquella tragedia sobre las ayudas del Estado, incluida la afirmación de que determinadas ayudas tenían que devolverse con intereses. La desinformación no perjudicaba al Gobierno de España: perjudicaba a familias devastadas que necesitaban saber con certeza qué podían solicitar y cómo hacerlo.
Dos años después del 29-O llegamos, además, a unas elecciones generales especialmente significativas para los valencianos. Y lo hacemos con una forma distinta de entender la política que merece ser reivindicada: la que no necesita convertir el liderazgo en una competición permanente. Pilar Bernabé y Diana Morant representan dos liderazgos complementarios, dos mujeres que se acompañan, se reconocen y suman capacidades desde responsabilidades diferentes. No compiten por ocupar el mismo espacio: lo ensanchan. Esa suma tiene un efecto multiplicador para el proyecto socialista valenciano, que aspira a ganar las elecciones generales en Valencia con Pilar Bernabé a la cabeza y todo el equipo de mujeres y hombres que defienden los derechos y la igualdad. Y a llevar después a Diana Morant a la Presidencia de la Generalitat. Quizá también de esto vaya la nueva política: de entender que compartir liderazgo no resta poder, sino que multiplica la capacidad de transformar.
La elección del próximo 29 de noviembre se produce también en un momento en que vuelven a ponerse sobre la mesa debates que creíamos consolidados. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que reformaría la ley de eutanasia, quiere reabrir el debate sobre el aborto de las menores de 16 años, eliminaría Igualdad como ministerio específico, ha condicionado la subida del SMI y ha introducido de nuevo el concepto de “viabilidad” al hablar del futuro de las pensiones. Es decir, solo propuestas que nos llevan atrás en el tiempo. Tiempos oscuros.
Quizá ahí esté la gran enseñanza de estos dos años. Las instituciones importan. Importa quién las dirige, cómo responde ante una emergencia y qué entiende por servicio público. Importa que cuando llega una alerta nadie esté calculando el coste político de actuar. Importa proteger vidas antes que proteger relatos. Y también importa entender que el Estado del bienestar no es una concesión del poder, sino una construcción colectiva destinada a equilibrar oportunidades y proteger a la mayoría.
El 29 de octubre nos enseñó de la manera más dolorosa posible que gobernar significa hacerse cargo. Y el segundo aniversario debería servir, ante todo, para recordar a quienes ya no están, acompañar a sus familias y comprometernos con algo elemental: que nunca más una emergencia encuentre a una administración ausente, descoordinada o llegando tarde.
Por eso recordar también es exigir. Exigir verdad. Exigir responsabilidad. Exigir instituciones que funcionen. Y, sobre todo, no olvidar. Y veremos esa primera respuesta de las valencianas y los valencianos el próximo 29 N.
