ELCHE. El transporte público ha protagonizado dos de los debates del pleno municipal de Elche celebrado este lunes, con dos mociones aprobadas por unanimidad para reforzar la protección del sector del taxi y garantizar la participación política y social en la elaboración del nuevo contrato de autobuses urbanos y de pedanías. Las iniciativas, presentadas por Compromís y PSOE, respectivamente, han recibido el respaldo de PP y Vox, aunque su discusión ha evidenciado las diferencias entre el gobierno y la oposición sobre la gestión de la movilidad, el control de las VTC en el aeropuerto de Alicante-Elche y la preparación de una contrata de autobuses que superará los 400 millones de euros.
El primero de los acuerdos reclama un mayor control sobre la actividad de las VTC y los servicios ilegales de transporte de viajeros que operan en el aeropuerto, mientras que el segundo plantea constituir una comisión con representación de los grupos municipales, los trabajadores y las entidades sociales para participar en la elaboración del nuevo pliego del transporte público, cuya duración prevista es de diez años.
Ambas propuestas han salido adelante pese a los enfrentamientos entre la portavoz de Compromís, Esther Díez, el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, y los representantes socialistas, que han cuestionado la falta de diálogo del ejecutivo municipal en materia de transporte.
Más inspecciones frente a las VTC y los taxis ilegales del aeropuerto
La primera de las iniciativas, defendida por Esther Díez, ha puesto el foco en las dificultades que atraviesa el sector del taxi ante la competencia de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) y la presencia de servicios ilegales de transporte de pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.
La portavoz de Compromís ha defendido el carácter de servicio público del taxi y ha advertido de las diferencias regulatorias entre este sector y las plataformas privadas. En este sentido, ha cuestionado la modificación normativa aprobada por la Generalitat Valenciana meses atrás, al considerar que facilita la actividad de las VTC en condiciones que los representantes del taxi califican de competencia desleal.
Díez ha reclamado que el Ayuntamiento solicite asumir competencias para incoar, instruir y resolver expedientes sancionadores por posibles infracciones de las VTC, aprovechando las posibilidades contempladas en la normativa autonómica. La edil ha argumentado que, a diferencia de otras grandes ciudades, Elche dispone de un área de prestación del taxi circunscrita a su propio término municipal, por lo que considera razonable que el consistorio también pueda ejercer un control directo sobre estos vehículos.
La moción también plantea reforzar la presencia de la Policía Local en el aeropuerto para combatir la actividad de los taxis ilegales, una problemática que, según ha recordado Compromís, ha provocado enfrentamientos entre profesionales del sector y conductores que captan viajeros sin las autorizaciones correspondientes.
"Lo que están solicitando es un servicio dimensionado de la Policía Local que pueda garantizar la seguridad, especialmente a las personas viajeras", ha señalado Díez.
La portavoz ha insistido en que ambas medidas responden a reivindicaciones trasladadas por los propios taxistas y ha reclamado al gobierno municipal que las convierta en actuaciones concretas.
El PP defiende los controles y anuncia una revisión de la ordenanza del taxi
El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, ha rechazado las críticas de Compromís y ha defendido las actuaciones realizadas durante el mandato para mejorar las condiciones del sector.
Según ha explicado, el gobierno municipal ha mantenido reuniones con las asociaciones Radio Taxi y Servitaxi para atender sus reivindicaciones y ha asegurado que el balance de los últimos tres años es positivo.
Guilabert ha destacado que la Policía Local continúa realizando controles en el aeropuerto y ha recordado que el Ayuntamiento autoriza, cuando aumenta la demanda, el desplazamiento de taxis del casco urbano a las instalaciones aeroportuarias, de acuerdo con las necesidades del servicio y con el visto bueno de los representantes del sector.
No obstante, ha reclamado que el resto de administraciones asuman también sus responsabilidades en materia de inspección y sanción, especialmente en un espacio como el aeropuerto, donde intervienen diferentes organismos.
El edil también ha anunciado que el gobierno municipal está revisando la ordenanza del taxi, cuya regulación ha cuestionado por considerar que ha limitado el desarrollo del servicio. En este sentido, ha reprochado a Compromís la gestión realizada durante el anterior mandato y ha asegurado que quedaron pendientes 24 licencias.
Por su parte, Esther Díez ha respondido que el problema no es únicamente la existencia de controles, sino la necesidad de reforzarlos y de conseguir que el Ayuntamiento disponga de mayores competencias sancionadoras.
La portavoz ha advertido de que el respaldo del PP a la moción deberá traducirse en medidas efectivas. "Ni va a poner más Policía Local en el aeropuerto para aumentar las inspecciones ni le va a solicitar a la Generalitat Valenciana que ceda la competencia", ha reprochado a Guilabert, cuestionando que el ejecutivo vaya a materializar los acuerdos.
El PSOE reclama un informe sobre las inspecciones y una mesa de trabajo
El grupo socialista también ha respaldado la moción del taxi, aunque ha reclamado mecanismos de seguimiento para comprobar su cumplimiento.
El concejal Mariano Valera ha planteado que la Policía Local y el departamento de Movilidad elaboren un informe sobre las actuaciones realizadas durante el verano, con datos sobre los controles practicados, las denuncias interpuestas, los incidentes registrados y las necesidades detectadas.
El PSOE ha propuesto además reunir a las administraciones competentes y a los representantes del sector en una mesa de trabajo sobre el transporte del aeropuerto, con participación de Aena, la Generalitat, la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre otros organismos.
Los socialistas han reclamado que se presente un informe en el plazo de 30 días y un primer balance de las medidas en menos de tres meses, con el objetivo de que los profesionales puedan comprobar los avances.
Finalmente, la moción de Compromís ha sido aprobada por unanimidad, pese a las discrepancias sobre las competencias municipales y las actuaciones desarrolladas hasta ahora.
Una contrata de autobuses de más de 400 millones para los próximos diez años
El segundo debate sobre movilidad ha girado en torno al futuro del servicio de autobuses urbanos y de pedanías. El PSOE ha llevado al pleno una moción para crear una comisión con representación política y social que participe en la elaboración de los nuevos pliegos, una contratación que, según las cifras expuestas durante la sesión, superará los 400 millones de euros y tendrá una duración de diez años.
Mariano Valera ha defendido que una adjudicación de esta magnitud debe contar con las aportaciones de los grupos municipales, los trabajadores, las asociaciones y los usuarios del transporte público.
La propuesta socialista plantea establecer mecanismos de participación y transparencia, respaldar las reivindicaciones laborales de la plantilla y configurar un servicio basado en criterios de movilidad sostenible. También incluye el apoyo a las demandas de los estudiantes que reclaman mejores conexiones con la Universidad de Alicante.
"Lo único que se está proponiendo es sentarnos todos para tener un contrato como se merece Elche", ha defendido Valera, quien ha lamentado la respuesta del gobierno municipal a una iniciativa que considera constructiva.
El edil ha insistido en que el objetivo es diseñar el transporte público que necesitará el municipio durante la próxima década, tanto en el casco urbano como en las pedanías.
Compromís denuncia tres años sin convocar la Mesa de Movilidad
La portavoz de Compromís ha respaldado la moción socialista y ha cuestionado que el gobierno de PP y Vox lleve tres años sin convocar la Mesa de Movilidad, un órgano en el que están representados diferentes colectivos relacionados con el transporte y la accesibilidad.
Esther Díez ha recordado que en este foro pueden participar entidades como el Consejo de Personas con Discapacidad, el Consejo de Personas Mayores, las asociaciones del taxi, los representantes de los trabajadores de las empresas de autobuses, los colectivos ecologistas y la Policía Local.
"¿Por qué les niegan a todos estos actores que puedan formar parte de una mesa en la que hablemos de un contrato tan importante para el futuro de nuestro municipio?", ha preguntado.
La edil también ha advertido de los plazos de la nueva contratación. Según ha señalado, el contrato vigente llega al 31 de diciembre de 2026 sin que esté preparada la nueva adjudicación, por lo que ha cuestionado si será necesario recurrir a una nueva ampliación del servicio.
Díez ha recordado que una anterior prórroga, durante el mandato de Mercedes Alonso, estuvo acompañada de un incremento del precio del billete ordinario hasta los 1,35 euros.
A su juicio, el gobierno municipal ha desaprovechado buena parte de la legislatura para consensuar las necesidades de movilidad del municipio. "Han perdido la oportunidad de que a lo largo de esta legislatura pudiéramos haber hablado y consensuado una cuestión importantísima", ha reprochado.
Guilabert anuncia autobuses articulados, refuerzos en las líneas K y M y servicios nocturnos
Frente a las críticas de la oposición, Claudio Guilabert ha asegurado que el Ayuntamiento ya está realizando encuestas a los usuarios en las paradas de autobús para conocer sus necesidades y recoger propuestas de mejora.
El concejal también ha explicado que se ha solicitado información a la empresa adjudicataria y ha garantizado que los grupos políticos participarán cuando corresponda dentro de la tramitación del nuevo contrato.
"Cuando sea el momento de llamar a los partidos políticos, no se preocupen, que también les llamaremos", ha afirmado.
Guilabert ha aprovechado el debate para avanzar algunas de las mejoras previstas por el gobierno municipal. Entre ellas, ha anunciado la incorporación de autobuses articulados, el refuerzo de las líneas K y M con nuevos vehículos y la creación de líneas nocturnas para los barrios de reciente desarrollo.
También ha defendido la apuesta por una flota más sostenible, con vehículos híbridos y eléctricos, y ha recordado la adquisición de cuatro autobuses eléctricos para el barrio de Carrús.
Respecto al transporte a las pedanías, el responsable de Movilidad ha garantizado que el servicio se renovará y mantendrá las conexiones implantadas durante el actual mandato. Además, ha señalado que el nuevo modelo permitirá mejorar las frecuencias hacia Elche Parque Empresarial y las conexiones dominicales entre el casco urbano y La Marina.
"El autobús a las pedanías se va a renovar", ha asegurado Guilabert, quien ha defendido que el procedimiento se realizará con todas las garantías legales.
No obstante, el edil no ha concretado durante el debate una fecha para la aprobación de los nuevos pliegos ni para la convocatoria de la Mesa de Movilidad.
Dos acuerdos unánimes pese al enfrentamiento político
Las dos mociones han dado lugar a intercambios de reproches entre el gobierno y la oposición. En el debate del taxi, Compromís ha cuestionado la eficacia de las inspecciones y ha reclamado mayores competencias municipales, mientras que el PP ha defendido su gestión y ha responsabilizado a otras administraciones de parte de las actuaciones pendientes.
La discusión sobre los autobuses ha sido especialmente tensa, con enfrentamientos entre Guilabert y los representantes de PSOE y Compromís, que han acusado al responsable de Movilidad de responder con descalificaciones a una propuesta centrada en la participación ciudadana.
Valera ha lamentado el tono del concejal popular y ha defendido que el objetivo de la iniciativa es garantizar el mejor contrato posible para Elche. Por su parte, Esther Díez ha insistido en que la falta de convocatoria de la Mesa de Movilidad evidencia la ausencia de diálogo con los colectivos sociales.
Pese a estas discrepancias, ambas mociones han sido aprobadas por unanimidad de PP, Vox, PSOE y Compromís.
Los acuerdos sitúan ahora el foco en su ejecución: el refuerzo de las inspecciones y del control sobre las VTC y el transporte ilegal en el aeropuerto, por un lado, y la apertura de un proceso de participación para diseñar la futura contrata de autobuses, por otro. Dos compromisos que afectan directamente al modelo de movilidad de Elche y cuyo cumplimiento dependerá de las actuaciones que impulse el gobierno municipal en los próximos meses.
