Esta semana he tenido la suerte de compartir almuerzos con empresarios y he podido conocer de primera mano algunas de sus inquietudes. En uno de ellos estuvo el exdirector del INE y responsable de Economía de la CEOE, Gregorio Izquierdo, que habló de la sobrerregulación en España y de las barreras que ello supone para el crecimiento de la economía. Su exposición de los hechos, más allá de alguna discrepancia, me pareció coherente, pero difícil de cumplir por la configuración administrativa de España y por el principio de autonomía que tiene cada administración. Quizás la solución sería que hubiera un órgano coordinador de todas las legislaciones —posiblemente exista— que evitara duplicidades y contradicciones antes de tener que llegar al Tribunal Constitucional a dirimir disputas. Creo que ahorraría costes y tiempo.

Pero así como vi acertadas algunas de sus propuestas, en pro de una legislación más concisa, también eché en falta alguna advertencia de que no todo se puede hacer. De que, más allá de las propias limitaciones de la legislación actual, el empresario debe ser consciente de que los efectos del cambio climático ya impiden desarrollar ciertos tipos de proyectos y que, en algunos casos, por legales que fueran, hay que valorar sus consecuencias, máxime si tu principal fuente de ingresos es el sector turístico y el valor del paisaje es (entre otros) uno de los grandes atractivos.

Sí que existe cierto consenso en los foros empresariales sobre la maraña administrativa y la burocratización de los procesos. Y mejorar este obstáculo solo se puede hacer, además de con la simplificación, con la aplicación de nuevas tecnologías y con el refuerzo de los servicios públicos. Es decir, si las empresas y los ciudadanos quieren que determinados trámites sean más ligeros, pues hay que poner más personal y dar herramientas o alternativas al usuario. Es justo reconocer que en algunos casos se está haciendo, pero quizás no con la sincronización deseada, y no siempre en las concejalías que más demanda tienen.

En ambos foros en los que estuve se coincidió en que la provincia de Alicante vive un momento económico expansivo. Algunos lo sitúan incluso en una fase superior al boom inmobiliario de 2005-2008, lo cual debería ser una oportunidad para que la administración —en este caso, la local— recaude más y contribuya a reducir las brechas intraurbanas, y que las mejoras de esa economía boyante lleguen a todos los distritos en forma de mayor limpieza, mejora de la escena urbana o nuevos hitos sociales o económicos.

La administración lo puede hacer de dos maneras: con inversión pública o con colaboración público-privada. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los déficits de la ciudad de Alicante, sobre los que existe un cierto consenso. A su alrededor, la economía es boyante, hay muchos proyectos de inversión, pero las mejoras no las nota el ciudadano. Es más, en el ámbito turístico, el consistorio ha tenido que meter el freno de mano a determinadas iniciativas —como los apartamentos turísticos— para que el malestar no se desborde.

En cuanto a inversión pública, Alicante lo tiene mal. Su presupuesto dedica lo justo a la inversión. Creo que podría ser mayor. Aunque el alcalde es del mismo signo político que los gobiernos de la Diputación y la Generalitat, las grandes inversiones están contabilizadas. En el caso de la institución provincial, lo que pueda caer del Plan Planifica. Es verdad que el gran proyecto es el Centro de Congresos, pero falta por ver si algún día un inquilino de la Moncloa logra el placet de la UE para levantar la regla de gasto y poder hacer uso de los remanentes de tesorería de las administraciones locales. La Diputación tiene dinero, pero no puede tocarlo. Además, se ha puesto el foco en el nuevo edificio congresual sin percutir antes en que quizás sería mejor buscar la regeneración urbana de los aledaños del ADDA y un buen aparcamiento para que el público que asiste a sus espectáculos y a los de alrededor.

La Generalitat también está con el agua al cuello. Los grandes proyectos son la Estación Central del TRAM y la Ciudad de la Justicia. No está mal. Ambos proyectos rondarán casi 200 millones de inversión y vienen con el empuje de gobiernos anteriores. Si además de ello se acaba algún nuevo centro de salud o colegio, bienvenido sea. Las ampliaciones del TRAM ya vendrán, un día, si se modifica el sistema de financiación autonómica.

Después está todo lo que debería poner el Gobierno central. Este lunes conoceremos los detalles de la configuración ferroviaria y si hay novedades sobre el gran proyecto que necesitan las ciudades de Alicante y Elche: la conexión con el aeropuerto. Sea lo que sea, nunca será suficiente para el peso demográfico y económico que tiene (y necesita) la provincia.

Pero, en resumidas cuentas, esto es lo que hay. La cultura y el deporte siguen sin pintar fava (pese al esfuerzo de algunas entidades), aunque posiblemente sean en la actualidad dos sectores de mucha efervescencia económica. Sí, en Alicante la oferta de conciertos ha mejorado, hasta el punto de que permite ceder eventos a otras ciudades, pero el buen momento no ha impulsado que la colaboración público-privada haya dado lugar a un gran recinto —al estilo Roig Arena— que cumpla las necesidades del deporte y de los conciertos. Y en la cultura, ni hay política de grandes eventos, ni para los pequeños creadores. Nadie cree en la cultura como elemento prestigiador de la ciudad: el Ayuntamiento hace lo justo; la Diputación ha olvidado las grandes exposiciones, y a la Generalitat se le ha olvidado aquello de que el Botànic marginaba Alicante.

Ese es el consenso: Alicante va bien económicamente, pero la ciudad apenas lo nota, al menos, estratégicamente y, por supuesto, socialmente  (o solo lo notan aquellos a los que les va bien). Sé que no es fácil. Me consta de los esfuerzos del ayuntamiento. Loable también es lo del Lucentum. Pero vistas las limitaciones públicas, la ciudad debería aprovechar ese buen momento para lograr mejoras comunes. Me atrevería a decir que Alicante está viendo el dinero pasar (hacia otra administración).