Sí, 100 millones de turistas extranjeros es lo que aspira a conseguir el sector a lo largo de 2026 (96,8 millones en 2025, lo que equivale a cerca de dos millones de turistas los 365 días del año, si asumimos que cada viajero permanece alrededor de una semana en España). En el otro lado de la balanza, la regularización de en torno a 500.000 inmigrantes, obviamente también extranjeros. 

A fin de atraer a los turistas, las administraciones y organizaciones empresariales subrayan las virtudes del país: seguridad, hospitalidad y gran variedad de destinos. Un cúmulo de bondades simultáneo al mantenimiento de un intenso control de lo que se califica de turismofobia. De otro lado, los opositores a la regularización de inmigrantes hablan de prioridad nacional (Vox) o de arraigo (PP) frente a la eventualidad de que se les concedan prestaciones y servicios públicos, aunque, curiosamente, eluden hablar de la incidencia turística sobre la situación habitacional de los de casa, eludiendo diagnosticar la prolífica influencia de los pisos y apartamentos turísticos. 

En todo  caso, este artículo no va de turistas versus inmigrantes; pero sí quiere remarcar el contraste existente entre las cifras mencionadas para sostener que, en realidad, lo que algunos quieren instalar en la conciencia ciudadana es lo que la profesora Adela Cortina ha bautizado de aporofobia, unida a un sentimiento exacerbado de xenofobia selectiva: si, siendo extranjero, dispones de posibles, bienvenido seas porque todo serán alfombras rojas; si eres extranjero pobre, ponte a la cola o, mejor, vete y no molestes con tu presencia, con tu color, con tu religión, con tus costumbres.  Y, si eres nacional y pobre, cállate o, mejor, ponte una venda en los ojos y únete a la tribu de la extrema testiculina porque son los inmigrantes, y sólo ellos, los que están empujando a los que somos de casa.

La primera paradoja de este discurso a dos voces entre Vox y PP reside en que los llamados a regularizarse ya están aquí, con todos los que pueden trabajando y llenando los huecos laborales que no cubre suficientemente el trabajador autóctono: agricultura, -acudan a los naranjales y comprueben quiénes cortan la fruta-, turismo, servicios personales, -¿cuántas sillas de ruedas con personas mayores son empujadas por inmigrantes?-, construcción y transporte, -fíjense en quiénes doblan los turnos de los taxis  o van lanzados en bicicletas y patinetes a realizar los repartos “de la última milla”-.  

De hecho, si la rectitud moral les asistiera, PP y Vox deberían felicitarse de la regulación: con ésta se da un paso adelante en la legalización de los trabajadores, su inserción en la Seguridad Social, su identificación en los ficheros tributarios del IRPF y una imprescindible vuelta de tuerca a los buitres que pudieran estarles explotando al margen de la ley. 

Resulta, además, que otros tópicos hacen agua porque, incluso siendo “ilegales”, pagan impuestos: del IVA y de otros tributos indirectos no se escapa nadie cuando acude a las tiendas. Y, en cuanto a la sanidad, ¿se ha dedicado alguien a distinguir la carga de los centros públicos atribuible al envejecimiento de la población española (y de los jubilados europeos) de la causada por los inmigrantes ilegales? Porque está estudiado que los inmigrantes, tanto legales como no, son más jóvenes que los españoles, con una demanda de servicios sanitarios de baja intensidad.

¿Y qué ocurriría en la educación si se aplica la prioridad/arraigo? ¿Se prohibirá a los hijos de los inmigrantes sin papeles el acceso a las escuelas o el uso de los textos procedentes del banco de libros? ¿Acaso se negaría a estos niños la comida asociada a las becas de comedor hasta que hubiesen cumplido el periodo de castigo? Año tras año, ¿vivirían los inmigrantes no regularizados en chabolas insanas? ¿Se castigaría económicamente a Cáritas, Cruz Roja y otras muchas ONG por mostrar la “anti-patriótica” osadía de ayudarles? 

Siguiendo con los criterios del “arraigo: para que no existan las discriminaciones prohibidas por la Constitución, ¿será sólo aplicable a los inmigrantes sin regularizar o también a los ciudadanos españoles que cambien de ciudad y a los ciudadanos de otros países de la Unión Europea que decidan vivir entre nosotros? Resulta difícil de imaginar los pleitos que se entablarían y el bochorno que los tabloides ingleses y alemanes arrojarían sobre la reputación internacional de España y la Comunitat Valenciana.

Y, ello, -amparado por la sonrisa beatífica de nuestros principales responsables autonómicos-, lo está fraguando un partido (Vox), que piensa haber encontrado en la regularización de inmigrantes el Santo Grial del españolismo patrio y un útil recurso mediático y electoral que difumine sus torpezas y debilidades. Como la Inmensa torpeza y contradicción manifiesta del señor Abascal cuando se muestra eufórico por su cercanía a Donald Trump pese a ser éste el responsable de la escabechina arancelaria que ha amargado la vida a las exportaciones valencianas. Un Trump que, con su guerra contra Irán, ha provocado el caos en el mercado energético y en el transporte marítimo internacional, disparando los precios pagados por empresas y familias. Si tan patriota es el presidente de Vox, ¿por qué no ha elevado su voz y criticado las decisiones del presidente americano que detraen capacidad de compra a nuestros trabajadores y pensionistas y sumergen en la incertidumbre a las empresas?

El mismo señor Abascal, el de pobre oratoria y reciente uso de insultos escatológicos, es quien, al identificarse con el presidente americano, revela ser también simpatizante de la guerra que se libra en Oriente Medio. Algo que conlleva empatizar con la Internacional de la Crueldad encabezada por Trump y Netanyahu, por más que no olvidemos en ningún momento la masacre de Hamás ni el terrorismo vicario desarrollado por Irán.  

Señor Abascal: elija entre la euforia junto a los poderosos o ser un ciudadano consecuente con los intereses de su país. No quiera engañar con ese patriotismo de todo a cien con el que oculta las debilidades de Vox. Entre estas, las de sus temores personales y la frivolidad de su partido. Temor en directo, como lo fue encargar a un profesor nonagenario la defensa de su moción de censura, en vez de hacerlo usted en persona. Frivolidad de sus partidarios que, en el verano de 2023, rehuyeron asumir con sus propios responsables las Emergencias de la Comunitat Valenciana para evitar que les “quemaran” políticamente los incendios forestales. Y, junto al temor y la frivolidad, la pereza de Vox, vista la pobre presentación por sus diputados de enmiendas y de otras iniciativas parlamentarias. Hasta su programa electoral para las elecciones generales de 2023 tuvo que recurrir a algunas propuestas regionales de su gente en Castilla y León para disimular el pobre desempeño, entre 2019 y 2023, de sus ¡52 diputados! del Congreso. 

Francamente, no creo que desaparezcan sus limitaciones ni su afán de dividir a la ciudadanía, pero sí creo que ésta sabrá identificar esa vía reduccionista de la extrema derecha internacional que pretende implantar un nuevo pensamiento único en el que democracia y libertad son incompatibles, en el que la fuerza es la mejor palanca de los países, la legalidad internacional una momia histórica y el poder monopolista de ciertas empresas tecnológicas un tótem intocable. Una ciudadanía que sabrá arrojar a donde se merecen esas palabras vacías de contenido y típicamente populistas que, como “la prioridad nacional”, suenan a mucho, pero son incapaces de concretar nada.  Algo para lo que sería imperativo, en las presentes circunstancias, que el PP afrontara con valentía ideológica el anzuelo que les ha lanzado Vox, en lugar de buscar eufemismos y nadar entre dos aguas.

Finalmente, la regularización sólo es un primer paso para el gobierno de España y el conjunto de los gobiernos autonómicos y locales. Existe la necesidad de una amplia labor de integración con objetivos persistentes y recursos garantizados. Y necesario es que los inmigrantes comprueben que se valora su esfuerzo integrador en lo lingüístico, en la educación de sus hijos, la formación ocupacional de los adultos y el conocimiento de las costumbres y cultura del lugar que les acoge. Que sepan que la meta deseada por el país de llegada es su presencia en una ciudadanía activa y su interiorización de los valores de la libertad, el respeto, la solidaridad y el esfuerzo. 

En ese horizonte posterior a la regularización, el gobierno de España debe ser consciente de que el trabajo de proximidad de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas precisa de un marco de financiación dinámico y flexible, con el aumento de la población ocupando el espacio que precisan quienes estamos aquí y quienes vienen a compartir un futuro común. Disponer de “papeles” sólo representa el primer paso.