ALICANTE. Tras tres semanas desde que la provincia de Valencia viviera una de las peores Danas de su historia reciente, con consecuencias fatídicas, sobre todo a nivel social por la pérdidas humanas y también por la destrucción de infraestructuras de todo tipo. La Generalitat ha tramitado más de medio centenar contratos de emergencia para atender las tareas de reconstrucción tras la Dana por un valor de 237,8 millones de euros, cuyas adjudicatarias ya están trabajando en las zonas afectadas.

A principios de noviembre, la Diputación de Valencia ya adjudicaba con contrato de obra de emergencia, la reparación de daños en varios puntos de la provincia, un contrato por un total de 13 millones de euros para los trabajos para cinco de las seis demarcaciones en que se organiza la red provincial de carreteras: en Bétera-Serra, Requena-Utiel, Buñol, Villar y Alzira. Las empresas alicantinas CHM y Aglomerados Los Serranos fueron dos de las adjudicatarias. Ahora, CHM vuelve a recibir otro contrato, esta vez para las obras de emergencia de reparación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales en Utiel afectada por la Dana. Lo hace por 2,8 millones de euros. La dirección de obra será por 224.021 euros y los trabajos se calculan para 14 meses.

Las lluvias y crecida de ríos y barrancos han ocasionado importantes daños en un gran número de infraestructuras públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunitat Valenciana gestionadas por la Epsar, afectando gravemente al correcto funcionamiento de las mismas y, en algunos casos, dejándolas completamente fuera de servicio. Entre ellas, las que presentan afecciones de mayor envergadura, que no han podido ser solventadas directamente por las empresas explotadoras dentro de sus contratos de operación y mantenimiento. 

"Los daños causados en las mencionadas instalaciones ha generado una situación de grave peligro, no sólo para la integridad de las propias infraestructuras y la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas, sino también para la salud pública y el medio ambiente; lo que debe paliarse a la mayor brevedad posible, a fin de lograr con la máxima celeridad posible el restablecimiento del normal funcionamiento de las infraestructuras afectadas, y por tanto el pleno restablecimiento del servicio público esencial prestado por estas", explican desde la Epsar, dependiente de la Generalitat Valenciana.