SAN VICENTE DEL RASPEIG. El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado esta mañana la modificación provisional de cinco ordenanzas reguladoras tanto del impuesto del IBI, que se abaratará un 5%, como de tasas por ocupación de terrenos de dominio  público y prestación del servicio de recogida de residuos. Todas estas medidas se someterán en los próximos días a información pública por un periodo de 30 días.

La sesión extraordinaria celebrada esta mañana ha comenzado con la retirada del orden del día de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, barras y otros elementos auxiliares con finalidad lucrativa. La concejal de Gestión Tributaria y Ocupación de Vía Pública, Isabel Domínguez, ha explicado que el motivo de esta decisión es que “no estamos de acuerdo con la subida que implica tras el informe técnico de valoración”, estimada en alrededor de un 30%. La edil ha avanzado que “se han buscado maneras para paliar dicha subida pero, finalmente no ha sido posible, por ello se retira para mantenerla un año más derogada y estudiar su futura implantación sin que suponga tal lastre para los hosteleros”.

El pleno ha debatido, además, el incremento de la tasa por prestación de servicios de recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos, una medida derivada de la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, según ha confirmado la edil de Gestión Tributaria, quien ha recordado, además, que la norma fue aprobada por PSOE y Podemos. Los grupos municipales de estas dos formaciones en el Ayuntamiento de San Vicente y Compromís han votado en contra de esta adaptación, que se aplicará desde el 1 de enero.

El alcalde, Pachi Pascual, ha intervenido en este punto para insistir en que “las nuevas tasas de basura son obligatorias para todos los ayuntamientos y no hay más remedio que hacerlo así porque nos vemos obligados y por responsabilidad, aunque a veces no nos guste, pero también así se ha llevado a cabo en municipios gobernados por el PSOE como Elda, donde se ha subido un 78%, o Calpe, con un gobierno en el que participan PSOE y Compromís, donde pagarán entre 178 y 300 euros más al año”.