ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), toma posiciones respecto a la primera ronda de declaraciones acordada por el Juzgado de Instrucción número 3 en las diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa seguidas en relación a la cesión de uso del edificio del antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia para la instalación del Centro de Inteligencia del Agua (CIA), y de un centro de promoción del emprendimiento y de formación sobre la digitalización asociado a la estrategia municipal Alicante Futura. 

En realidad, esa postura se ciñe a los mensajes de "plena confianza en la justicia" y de "colaboración" que los populares han venido apuntando desde el pasado mandato, cuando se inició la investigación sobre otro supuesto delito de prevaricación por fraccionamiento de contratos vinculado a la ejecución de tres mejoras urbanísticas distintas en la partida de La Alcoraya, en las que se vieron involucrados los ya exconcejales de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, y de Infraestructuras, José Ramón González.

Así lo verbalizó este martes el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, al sostener que se prestaría toda la cooperación que estuviese al alcance del ayuntamiento "en lo que se nos solicite" por parte del juzgado. "No hay más valoración que la línea que venimos marcando cada vez que se plantea un asunto judicializado", explicó en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.

En esta ocasión, Villar no llegó ni a defender la corrección del proceso seguido a la hora de acordar la nueva adscripción del inmueble, de titularidad municipal, con la que se produjo su puesta a disposición de la Agencia Local de Desarrollo para que pudiesen desarrollarse los dos proyectos vinculados a la iniciativa Alicante Futura: el CIA, a cargo de Aguas de Alicante, en su planta baja, y el centro dedicado a la promoción del emprendimiento digital y las nuevas tecnologías en sus plantas superiores.

Hasta ahora, el equipo de gobierno sí había descartado toda anomalía en esa decisión al argumentar que el nuevo destino del inmueble sí estaba ligado a la formación y que, por tanto, quedaba encuadrado en el uso docente que rige sobre su parcela en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Además, también se ha venido apuntando que el propio planeamiento permite la adscripción de una parcela a un uso distinto al que tiene asignado siempre que se lleve a cabo una modificación puntual para regular esa nueva finalidad en el plazo de cuatro años, como así ha acabado sucediendo, con el impulso de un cambio por el que se suprime el uso educativo del solar sobre el que se levanta el edificio, así como de otras tres parcelas que también tenían esa misma consideración.

Sin embargo, todo parece indicar que no se facilitarán más explicaciones al respecto hasta que no se produzcan las comparecencias en el juzgado de los nueve primeros investigados y dos testigos, distribuidas entre los días 13, 15 y 25 de noviembre, según confirmaron fuentes consultadas. Entre los citados figuran la actual edil de Empleo, Mari Carmen de España (PP), y el exconcejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), en función de la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción.