ALICANTE. Los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante anticipan su previsible rechazo a la propuesta de modificación de la tasa por el servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos planteada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), salvo que se lleve a cabo su retirada y rectificación, con la incorporación de enmiendas que prevén plantear en los próximos días (el último día para presentarlas ese el miércoles 25). Por lo pronto, este jueves no han escatimado en críticas respecto a los baremos utilizados para determinar los nuevos importes, en los que se contempla que la cuantía de los recibos a abonar por cada domicilio llegue a cuadruplicarse a partir de 2025.

En primer término, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, ha advertido que la propuesta de Ordenanza Fiscal de la tasa por la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos "está mal planteada desde el inicio por la memoria económica financiera que la acompaña. Creemos que hay datos que no se corresponden con la realidad, por lo que pediremos la retirada de la misma", según ha puesto de manifiesto, a través de un comunicado.

La crítica de Mas se basa en la estimación de reparto de los porcentajes de generación de residuos entre las viviendas y el sector económico. Según Mas, "la memoria nos indica que el 82 % de los residuos lo generan los domicilios, mientras que solo el 18% lo genera el sector servicios, algo que no cuadra precisamente en una ciudad como Alicante que se caracteriza por el importante peso del sector económico". 

En esta línea, ha señalado que "mientras, la media estatal nos indica que el porcentaje está más igualado en el resto de ciudades, un 52% la parte comercial y un 48 % la parte domiciliar, según un informe de la FEMP de 2019 o el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)". Así, Mas ha apuntado que "no vamos a permitir que más del 80% del coste del servicio recaiga sobre la ciudadanía alicantina", en lo que ha interpretado como una repercusión incorrecta de los costes que conlleva la prestación, "que va a ver triplicar o cuadriplicar el recibo en 2025, por lo que instaremos a la retirada de la ordenanza".