ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha exigido al Gobierno central que desarrolle el reglamento de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que establece la obligación de implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ciudades de más de 50.000 habitantes antes del 31 de diciembre de 2023 como herramienta necesaria para poder poner en marcha ese conjunto de medidas enfocadas en el fomento de la peatonalización y la determinación de límites a la circulación de vehículos propulsados con combustibles fósiles.
Además, también ha emplazado al Ejecutivo central a establecer una ampliación del plazo límite previsto para activar esas ZBE ante la posibilidad de que la mayoría de los ayuntamientos no estén preparados en tiempo para ponerlas en funcionamiento, al quedar sujetos a la contratación de obras de remodelación de calles y a la aprobación de ordenanzas municipales específicas, según ha concretado. Actualmente, según fuentes municipales, se estima que solo el 13% las ciudades tendrá ZBE antes de finalizar 2023, por lo que casi el 87% no las podrán activar a tiempo. O lo que es lo mismo, solo 20 de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes cumplirán con los plazos que estable de la Ley de Cambio Climático para su implantación.
Entre esos municipios que podrían no reunir las condiciones necesarias para su implantación, podría figurar el de Alicante, ya que no existiría un calendario definitivo para que pudiese quedar activada, según admitieron este miércoles los portavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar y Antonio Manresa, en la comparecencia pública posterior a la Junta de Gobierno, en la que se aprobó la contratación de otro paquete de obras vinculada a esa ZBE, como informó este diario.
En realidad, esa petición de extensión de plazos verbalizada por Barcala coincide con la posición ya defendida por la comisión de Transportes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que también han compartido los alcaldes de Irún, José Antonio Santano; de Málaga, Francisco de la Torre; y de Albacete, Emilio Sáez, en el transcurso de la jornada "Hacia la ciudad cero" organizada este jueves en Alicante por la Asociación de Transportes Urbanos Colectivos (ATUC) en colaboración con la Cátedra Vectalia Movilidad.
El primer edil alicantino ha sido -junto a la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro- el encargado de abrir la jornada, desarrollada en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo (MACA), con una intervención de bienvenida, en la que además de solicitar al Gobierno "el desarrollo del reglamento de la Ley, para que aporte concreción y criterios de actuación, y que para ello cuente con la participación de los ayuntamientos", también ha desglosado cuáles son las actuaciones planificadas por el Ayuntamiento de Alicante para implantar esa ZBE.
En esta línea, Barcala ha detallado que se están desarrollando "proyectos de mejora de la peatonalidad, calmado de tráfico y control de la movilidad valorados en 37 millones de euros, 15 de los cuales financiados con fondos europeos". Estas actuaciones contribuirán a generar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que comprenderá el anillo de la Gran Vía y el del centro tradicional, un espacio de 7,5 kilómetros cuadrados que engloba a 22 barrios de la ciudad.
Como viene informando este diario, se prevé que la mayoría de estas obras de adaptación pueda iniciarse antes de finalizar este año, como es el caso de las actuaciones de mejora de la peatonalidad y calmado de tráfico en las avenidas General Marvá, Federico Soto y Doctor Gadea, del eje Canalejas-Jorge Juan entre el Ensanche y la dársena interior del puerto; al igual que las siete obras que se van a ejecutar para mejorar la movilidad en los barrios entre los dos castillos para ordenar el eje que une la estación de Renfe con el Hospital a través de la avenida Benito Pérez Galdós-plaza de España-avenida de Jijona.
