ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles, en su sesión correspondiente al mes de diciembre, la propuesta de declaración institucional promovida por los dos partidos que comparten responsabilidades de gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) por la que se expresa el rechazo "a la imposición lingüística del valenciano en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Alicante", según consta en la propia propuesta. 

La declaración institucional emplaza al Consell a "abandonar sus proyectos de implantación del modelo catalán en la Comunidad" y a seguir promocionando el valenciano, "pero no desde la imposición y el dogma, sino desde el respeto y la libertad de decisión", según han apuntado fuentes municipales en un comunicado posterior. Asimismo, la iniciativa reclama a los ejecutivos autonómico y central que desarrollen las acciones necesarias "para defender la educación integral de todos los alumnos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad". 

Asimismo, insta a ambos gobiernos a retirar e impedir cualquier subvención a entidades "de marcado carácter partidista, cuyos objetivos son contribuir al señalamiento de los ciudadanos, incluidos los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan". Igualmente, pide que combatan de manera firme "los casos de intento de adoctrinamiento en las aulas, reforzando la Alta Inspección Educativa" y que se comprometan a cumplir la Constitución en la defensa "de todos los ciudadanos y sus derechos lingüísticos".

La iniciativa ha quedado refrendada con los votos de los grupos proponentes y de Vox, después de hasta cuatro intervenciones por parte de distintas asociaciones de padres, que también han expresado su rechazo a lo que han considerado como una "imposición" del valenciano en las aulas y han hablado de la existencia de "intereses ideológicos". Por su parte, PSOE, Unides Podem y Compromís han votado en contra.

Por partes. La edil de Educación, Julia Llopis (PP), ha insistido en los argumentos ya esgrimidos en otras iniciativas similares debatidas en el pleno en sesiones anteriores, en alusión a la "catalanización" de la Comunitat y a las críticas al conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà. Así, se ha referido a ejemplos como el concurso sobre cartas a los Reyes Magos convocado por el Ayuntamiento de València en el que se establece que "para optar a premios se debe escribir en valenciano".

El edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha aludido a lo previsto en el Estatut de autonomía de la Comunitat para asegurar que "no se está cumpliendo", al incidir en que no en todos los territorios de la provincia se habla de manera mayoritaria el valenciano. "Se está imponiendo la obligación de hablar el valenciano a los que no son valencianoparlantes", ha dicho. "Silenciosamente, se está obligando a hablar valenciano a zonas en las que no se habla", ha incidido. "Creo que están buscando conflicto, donde hay normalidad; no se puede imponer, por eso hemos tenido que presentar esta iniciativa", ha explicado.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, se ha felicitado por la iniciativa "y que en esta ocasión Ciudadanos sí se haya sumado" respecto a la posición adoptada en otras iniciativas similares debatidas en plenos precedentes a lo largo de este mandato. Además, ha advertido "del peligro" de la existencia de los partidos "nacionalistas separatistas que solo tienen el objetivo de romper España" y ha alertado de "los coqueteos" de Cs y del PP con formaciones como Compromís, en alusión al acuerdo presupuestario alcanzado por el presidente del PPCV y de la Diputación, Carlos Mazón, con la coalición valencianista. Por último, Ortolá ha defendido la libertad de los padres para elegir el idioma en el que se eduque a sus hijos.

Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha argumentado que su formación defiende el lema "valenciano sí, castellano también", como, a su juicio, han expresado los representantes de las asociaciones de padres. Además, ha señalado que el PP "engaña a estas asociaciones, puesto que ayer mismo aprobaron una iniciativa de Compromís en el Senado en defensa de las lenguas regionales". Y, además, ha avanzado que Compromís votaría en contra de la iniciativa "al estar basada en la mentira", después de reprochar que se esté debatiendo sobre "esta propuesta en lugar de estar hablando sobre los presupuestos de la ciudad, por ejemplo".

El portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha aludido a la "discriminación social" que propició que se abandonase el uso del valenciano en la ciudad de Alicante en el pasado y ha lamentado que "se haga una guerra con esto, porque es plantear una guerra contra nosotros mismos y contra lo que somos", ha dicho. Además, ha añadido que "esto no es un modelo de un conseller o de un partido político, esto es un modelo que nos hemos dado en la Comunitat entre todos de manera democrática", ha incidido, tras recordar decisiones acordadas por el PP durante su etapa de gobierno en la Generalitat encaminadas a la recuperación y promoción de la enseñanza en valenciano. 

El portavoz del PSOE, Paco Sanguino, ha deslegitimado el argumentario de la propuesta al sostener que se incluyen datos sobre el porcentaje de horas de clase impartidas en valenciano y en castellano recogidas "en estudios sin referenciar" ni atribuir su autoría. Además, ha insistido en que los planes educativos de centro se han elaborado en cada colegio con el respaldo de cada comunidad educativa en la que están representados los padres. "¿Quiere decir esto que hay padres que están imponiendo el valenciano a sus hijos?", se ha cuestionado, de manera retórica.

De los animales, al obispo y a los mayores

Al margen de la iniciativa sobre el plurilingüismo, también se ha aprobado la propuesta de declaración institucional presentada por PP y Cs por la que se exige al Ministerio del Interior y al Gobierno de España "que no lleven a cabo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana" para "evitar la impunidad de los violentos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las fuerzas policiales", según han indicado fuentes municipales. Al mismo tiempo, también se ha pedido que se apruebe por ley la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa ha contado con el respaldo de los dos partidos que conforman el bipartito y de Vox, mientras que las tres formaciones del eje progresista han votado en contra, tras defender la modificación legislativa para introducir criterios de proporcionalidad, entre otros puntos.