ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que reconoce la concesión de licencia de obra a la empresa XC Business 90 para desarrollar una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto también ha motivado la reacción de vecinos, entidades sociales y colectivos conservacionistas agrupados en torno a la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS). Sus portavoces han valorado, en primer término, la capacidad de decisión que disponen el conjunto de las administraciones respecto a la viabilidad del proyecto para subrayar la responsabilidad que recae sobre la Autoridad Portuaria. 

"Esta plataforma considera que las actuaciones tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat son de un nivel secundario porque la administración realmente competente, la administración que concesiona en dominio público marítimo terrestre, es la Autoridad Portuaria que depende del ministerio del señor Óscar Puente", apunta el colectivo, a través de un comunicado.

En este sentido, la plataforma considera que "el debate de la licencia y el proceso judicial está ocultando la principal de las actuaciones que se tendrían que dar para evitar este irracional proyecto, que sería la revocación o rescate de la concesión otorgada por gravísimas irregularidades" enumeradas en el escrito registrado ante la Autoridad Portuaria por el que, precisamente, se solicita que se inicie un expediente de oficio para anular el acuerdo de modificación de la concesión de la que dispone TMS como concesionaria de la terminal de mercancías, aprobado en 2019.