ALICANTE. El proyecto impulsado por la Conselleria de Justicia para la llamada Ciudad de la Justicia de Alicante, en el solar del antiguo cuartel de San Fernando, comprende la construcción de un edificio abierto y permeable de 31.000 metros cuadrados de superficie edificable, distribuidos en bloques de 7 plantas y una altura máxima de 33,50 metros, sobre una parcela de 5.561 metros cuadrados. Así se concreta en el informe ambiental y estratégico favorable emitido por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante con el que se acepta la propuesta de modificación del Plan de Reforma Interior (PRI) presentada por Justicia con el fin de redistribuir volúmenes y ganar altura (de cinco plantas, se pasa a siete).
El cambio obedece a la necesidad de encajar todos los órganos judiciales que ahora se distribuyen en el Palacio de Justicia de Benalúa y la previsión de incorporar otros posibles órganos nuevos en el futuro. De acuerdo con las previsiones dadas a conocer hasta ahora por Justicia, el nuevo complejo está destinado a albergar las dependencias del Registro Civil, el juzgado de guardia, el Instituto de Medicina legal (IML), 13 juzgados de Primera Instancia, 9 de Instrucción, otros 9 de lo Penal, 3 de Menores, 2 de Violencia sobre la Mujer, la sede de la Fiscalía, los gabinetes psicosociales, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, salas de vistas, espacios de usos complementarios, los colegios de abogados y procuradores, calabozos, archivo, aparcamiento y las dependencias para los servicios de Seguridad y Guardia Civil.
Ahora, el informe ambiental y territorial estratégico favorable da alas a la continuidad de la tramitación para que pueda licitarse la ejecución de las obras. La última programación dada a conocer por la propia titular de Justicia, Gabriela Bravo, este septiembre, es que la construcción pueda sacarse a concurso en abril de 2021. No obstante, la resolución de la Concejalía de Urbanismo añade ahora dos consideraciones relevantes a tener en cuenta por lo que respecta a la integración del nuevo complejo judicial en cuanto a la orientación del tráfico rodado y a la configuración de los recorridos peatonales.
En concreto, en el trámite de consultas, los distintos departamentos de la Concejalía de Tráfico sostienen que, con la inauguración del edificio, no se espera un aumento significativo del tránsito en la medida en que los juzgados ya están en funcionamiento justo en el otro extremo de la avenida de Aguilera. En esta línea, en sus informes detallan que "el posible incremento de demanda por la construcción de un posible centro atractor de viajes está cubierta por líneas estructurales de gran capacidad y secundarias que pueden absorber este posible incremento de los desplazamientos".
Con todo, sí añaden que se deberá estudiar con el proyecto de ejecución "la influencia que la implantación de esta nueva edificación supone a la ordenación viaria actual, ya que su puesta en funcionamiento conllevará necesariamente una modificación de los flujos tanto para el tráfico rodado como peatonal, incluyendo las modificaciones que se consideren necesarias en el proyecto constructivo". Es decir, que se abre la puerta a una redistribución de los sentidos de circulación.
