Justicia agita la inversión con 197 millones en obra: la sede judicial de Alicante, en el inicio de 2021

ALICANTE. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas se convertirá en uno de los principales actores en el impulso de la inversión pública en la Comunitat a lo largo de los dos próximos ejercicios. En ese periodo, 2021-2022, el departamento que coordina Gabriela Bravo prevé acometer hasta 37 actuaciones de construcción y mejora de sedes judiciales por un importe global de 197 millones de euros, según ha apuntado la propia responsable autonómica este miércoles, en un encuentro informativo con la directiva de la Federación de la Obra Pública de Alicante (FOPA), en la que se ha compartido el calendario de actuaciones previsto para esas sedes.

En ese paquete de actuaciones, la intervención principal continúa siendo la construcción de la llamada Ciudad de la Justicia de Alicante: el nuevo complejo en el que se agruparán los juzgados de la ciudad, frente a las instalaciones del actual Palacio de Justicia de Benalúa. Bravo ha anticipado, al respecto, que en estos momentos se está ultimando la redacción del proyecto básico y de ejecución con la previsión de que las obras puedan sacarse a concurso en el primer trimestre de 2021. Con ese cronograma, según Bravo, todo parece indicar que la construcción propiamente dicha podría comenzar en 2022, si se tiene en cuenta que el periodo de tramitación de las licitaciones "oscila entre los diez y los doce meses". 

La titular de Justicia ha destacado que el proyecto de Alicante es "el gran proyecto de esta legislatura" de su departamento "con el que se trata de impulsar un complejo que sirva de referencia", no solo por lo que respecta a sus prestaciones en materia de atención a la ciudadanía y protección de las víctimas de delitos, sino también por su papel "como elemento vertebrador del barrio en el que se encuadra". En esta línea, ha destacado que el importe de la actuación alcanzará los 66 millones de euros (IVA incluido). 

Bravo también ha destacado otras actuaciones en Gandia, Llíria, Alzira o Torrent, por ejemplo, y ha sostenido que con esas intervenciones, además de mejorar las condiciones de la Administración de Justicia para proporcionar la prestación de un servicio de calidad, se contribuirá a dinamizar la economía y a generar empleo. Así, ha concretado que cerca del 60% de ese paquete de actuaciones se comenzará a ejecutar durante el 2022 y ha adelantado que en los pliegos de licitación de los proyectos se primará la celeridad en los plazos de ejecución, al margen de la calidad de la obra.

Del total de esos proyectos, 71 millones corresponden a obras a realizar en la provincia de Alicante, de los que 66 se dedicarán a la construcción del complejo de la Ciudad de la Justicia. Según Bravo, se está trabajando en coordinación con el Ayuntamiento para conseguir avanzar en el inicio de sus obras. 

En el listado de 37 proyectos a ejecutar entre 2021 y 2022, se incluye la construcción de seis nuevos edificios judiciales en Alicante, Alzira, Gandía, Llíria, Sagunt y Villena; la rehabilitación integral de la Casa de la Aduana de València (sede del Tribunal Superior de Justicia) y del Convento de Santa Clara de Xàtiva (donde se ubican los juzgados de la capital de La Costera), la ampliación de las sedes judiciales de Vinaròs, Ontinyent y Orihuela así como otras 29 actuaciones en obras de reforma, adecuación o mejora de eficiencia energética en otros quince juzgados.

Bravo apunta ante FOPA que en los pliegos de las licitaciones se primará la celeridad en los plazos de ejecución, además de la calidad de la obra

Fuentes del departamento autonómico han precisado, tras el encuentro entre Bravo y Fopa, que en lo que queda de año se llevará a cabo la licitación de 14 proyectos por un importe de 17 millones. Entre ellos, la instalación de paneles de energía fotovoltaica en la Ciudad de la Justicia de Valéncia; la sustitución de los sistemas de climatización e iluminación de los juzgados de Dénia; cinco proyectos de obras en los juzgados de Pardo Gimeno de Alicante, Novelda, San Vicent del Raspeig y Villena; la reforma interior y mejora de la accesibilidad en los juzgados de Segorbe y la nueva sede judicial de Gandía por un importe de 14,2 millones de euros y cuyo inicio de obras está previsto para junio de 2021.

Para el conjunto del año 2021, la Conselleria de Justicia ha dispuesto la licitación de 18 proyectos por un importe total de 127 millones de euros. En este sentido, para el mes de abril está prevista la licitación de la construcción del nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia de Alicante por un importe de 66,6 millones de euros para que la obra comience en enero de 2022. Este proyecto se completará con la licitación, en mayo, de la renovación integral de los sistemas energéticos y climatización de la sede de Pardo Gimeno de Alicante por un importe de 1,9 millones de euros. También en mayo está previsto el inicio del procedimiento para la construcción de la nueva sede de los juzgados de Llíria por un importe de 13,6 millones de euros y cuyo inicio de obras se estima para el primer trimestre de 2002.

En el mes de junio del año que viene saldrá a licitación el contrato para llevar a cabo reparaciones estructurales de la Ciudad de la Justicia de Castellón por un importe de 700.000 euros (con obras previstas para finales de 2021) así como el proyecto para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Alzira con un coste de 14,3 millones de euros y un inicio de obras previsto para el primer semestre de 2022.

En julio de 2021 se licitará la reforma y ampliación de la sede de los juzgados de Vinaròs por un importe de 1,6 millones de euros para que las obras se inicien en el primer trimestre de 2022. Para el mismo mes está prevista el inicio del trámite administrativo para acometer la rehabilitación de la Real Casa de la Aduana, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que tendrá un coste de 24,3 millones de euros y cuyas obras empezarán en el primer semestre de 2022.

Para el año 2022, el departamento que dirige Gabriela Bravo licitará 5 proyectos por un valor conjunto de 53,7 millones de euros. Dos de ellos serán nuevos palacios de Justicia en Sagunt (13,7 millones de euros) y Villena (13 millones); la adecuación del nuevo edificio de Ontinyent (8,5 millones); la ampliación del Palacio de Justicia de Orihuela (1,5 millones) y la rehabilitación integral del antiguo convento de Santa Clara de Xàtiva por un importe estimado de 17 millones de euros.