ALTEA. La concesión del puerto de Campomanes de Altea sigue arrastrando el conflicto con los titulares de amarres. La Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 31 de marzo y hecha pública este martes ha aprobado por unanimidad una primera ronda de financiación para impulsar la difusión pública del "Caso Campomanes" y poner en marcha acciones inmediatas. 

Como ha venido contando este diario, la concesionaria del Puerto Deportivo Marina Greenwich trasladó al Club Náutico que tenía hasta el 7 de mayo de 2026 para abandonar las instalaciones que ellos mismos construyeron y después de 42 años de historia en el puerto. Lo hacían después de conseguir una prórroga de 10 años otorgada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Una autorización que consideran que no es extensible a otros derechos de uso que se vendieron, como el de la explotación del Club y la titularidad de los amarres. 

El conflicto, menos de un mes, se mantiene. La Asamblea de la Comunidad de Titulares de Amarres del Puerto Luis Campomanes, que representa 432 titulares, ha aprobado activar una "ofensiva jurídica, institucional y pública en defensa de sus derechos y contra Marina Greenwich S.A. frente a lo que consideran una actuación de extrema gravedad basada en la alteración de derechos adquiridos, la imposición de condiciones económicas desorbitadas y un evidente aprovechamiento abusivo de una concesión sobre dominio público", han trasladado en un comunicado.

Los afectados denuncian que "se pretende convertir una simple prórroga administrativa en un instrumento para vaciar de contenido derechos consolidados durante décadas, desplazar a titulares legítimos y abrir una operación con un potencial beneficio millonario que resulta totalmente desproporcionado e incompatible con el interés público".

Al mismo tiempo, defienden que "la gravedad del caso aumenta", según los afectados, "por la existencia de numerosas actuaciones irregulares y probablemente ilegales, por la presión ejercida sobre titulares y negocios y por lo que califican como un modelo orientado a maximizar rentabilidad sobre una concesión pública a costa de derechos preexistentes".

Por ello, advierten de que "llevarán el caso hasta sus últimas consecuencias y exigirán responsabilidades en todas las instancias necesarias".