BENIDORM. El juicio por las presuntas irregularidades en la contratación de personal en el Ayuntamiento de Benidorm cometidas entre finales de 2009 y 2012, conocido como el ‘caso enchufes’, ha arrancado este jueves ante un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia entre peticiones de nulidad del proceso y de la declaración de la prescripción de los delitos.

Así lo han solicitado en el inicio de la vista (durante la exposición de las denominadas cuestiones previas), los abogados defensores de los ocho acusados: los exconcejales del PSOE, Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, y otros seis técnicos municipales vinculados al área de Recursos Humanos.

La Fiscalía solicita inicialmente penas individuales de seis años y medio de prisión y quince años y medio de inhabilitación para cada uno de ellos. En concreto, el Ministerio Público les considera responsables de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, tras mantener que se saltaron la normativa respecto del número de empleados municipales de los que debía disponer el consistorio (la denominada tasa de reposición) al aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que incumplía ese límite máximo de contrataciones.

Además, también sostiene que aumentaron los complementos salariales que debían recibir los empleados, lo que supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debían pagar las arcas municipales. En su conjunto, ese proceder propició que se llegase a tramitar 130 contratos temporales y que se mejorasen las condiciones de 43 trabajadores, con un gasto adicional de 4,5 millones de euros, según las denuncias iniciales, presentadas por el sindicato SPPL.

En el inicio de la vista, los letrados de los ocho procesados han compartido un mismo planteamiento, al que se han ido adhiriendo en sus respectivas intervenciones. En primer término, han solicitado la nulidad de la instrucción por vulneración procesal al considerar que debía haberse excluido la participación del sindicato SPPL -que presentó la primera denuncia en Fiscalía- como acusación particular, puesto que, según ha alegado, no es parte perjudicada por las supuestas anomalías, de modo que carecería de legitimación para figurar en la causa.

Al respecto, han subrayado que la parte perjudicada sería el Ayuntamiento de Benidorm, que no se ha personado en las diligencias en ningún momento, a pesar del cambio de signo político registrado en su equipo de gobierno desde el inicio de las diligencias. Así, los letrados de los acusados han sostenido que debía acordarse la nulidad por expurgo respecto a todas las decisiones que se han adoptado a partir de las peticiones del sindicato, como la admisión de documentación a modo de prueba o, incluso, la imputación de algunos de los acusados.

Como medida subsidiaria, las defensas han argumentado que se reconsidere el papel del sindicato bajo la condición de acusación popular, aunque han planteado que, para ello, deberían depositar la fianza exigida, que no se les ha requerido hasta ahora. Es más, han estimado un cálculo de su cuantía, que han cifrado en 15.000 euros por cada uno de los acusados.

En segundo término, también han solicitado la nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho fundamental a un proceso con plenas garantías al sostener que las diligencias se habían estado instruyendo de manera continuada a pesar de que el tiempo máximo para el desarrollo de la investigación había concluido en 2017 y la Fiscalía no solicitó su prórroga. De ahí que también hayan solicitado que se suprima de la causa por el procedimiento del expurgo todas las actuaciones instruidas a partir de esa fecha.  

De igual modo, los letrados defensores han argumentado que los delitos de prevaricación y de malversación atribuidos a sus representados habrían prescrito, puesto que habrían transcurrido más de diez años desde los hechos objeto de juicio. Y, por último, también han solicitado la nulidad del auto de procesamiento dictado por un juzgado instrucción de Benidorm al considerar que se trataba de una resolución genérica, en la que no se detallaba los hechos concretos que se imputan a cada uno de los acusados.

La Fiscalía niega la prescripción

Por su parte, la Fiscalía se ha opuesto a esas peticiones. Respecto a la participación del SPPL como acusación particular, ha defendido que las defensas no se habían opuesto a ello a lo largo del proceso y ha considerado que la participación del sindicato no causaba indefensión puesto que los acusados han podido intervenir y oponerse en todo momento respecto a sus actuaciones.

El Ministerio Público también ha rechazado la solicitud de nulidad del acto de apertura de juicio oral al considerar que los acusados han estado informado de los hechos y de las acusaciones que se les atribuye. Y, por último, ha descartado la prescripción de los delitos esgrimida por las defensas al incidir en que la acusación sobre el conjunto de los procesados se sigue por los delitos continuados de prevaricación y malversación, de modo que, según ha sostenido, no habrían transcurrido más de diez años sin avances en la instrucción desde la fecha de los últimos hechos investigados. Además, ha incidido en que esos delitos estarían interconectados, lo que avalaría la prolongación de los plazos de instrucción.

No obstante, la Fiscalía ha aplazado su oposición respecto a la solicitud de nulidad por la caducidad de la instrucción planteada por las defensas, para su mejor estudio, de forma que se planteará en la próxima sesión del proceso, prevista para el próximo 9 de diciembre. El tribunal ha emplazado la resolución del conjunto de las cuestiones previas planteadas al desarrollo de esa misma sesión. En principio, en esa fecha también deberían comenzar las declaraciones de los testigos. Las defensas han solicitado que los acusados declaren en último lugar. El juicio está señalado en un total de siete sesiones que concluirán el 18 de diciembre.