L'ALFÀS DEL PI. El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha aprobado por unanimidad resolver el contrato con Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA (Sice) para el suministro e instalación del alumbrado público exterior. El Consistorio alega incumplimientos de la mercantil y cuenta con el aval del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Además, en este proceso ha incautado la garantía depositada por la empresa e inicia el procedimiento para la liquidación del contrato.

Sice contaba con el contrato mixto de suministro e instalación de material eléctrico de iluminación con tecnología LED para la renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público exterior. Fue en junio de 2024 cuando inició todo el procedimiento para resolver el acuerdo imputándole incumplimientos. Es en ese momento cuando la entidad avalista no presenta alegaciones, pero sí lo hace la propia compañía. De este modo, el Ayuntamiento traslada el expediente al CJC para que emita un dictamen preceptivo, que termina dando la razón a la administración local. 

El contrato se remonta a 2017 y contaba con un presupuesto de 1.091.654,66 euros. Como ya informó Plaza, el Consistorio apuntaba a que no había realizado las dos mejoras licitadas, cuantificadas en 145.000 euros. Así, el portavoz del gobierno local, Toni Such, insistió en que no se discute la ejecución del contrato, salvo parte de las mejoras. Es más, señaló que como contaba con una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se justificaron y pagaron los trabajos.

Finalmente, el 22 de mayo llegó el dictamen del Consultiu en el que avalan la decisión: "Cabe concluir que ha quedado acreditada en el expediente la concurrencia de la causa prevista en el artículo 223.f) del TRLCSP que establece como causa 'f) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato'". En cuanto a la determinación de los efectos de la resolución contractual se remiten al artículo 225.3 TRLCSP: "Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada".

Según ha podido comprobar este diario, la garantía incautada asciende a 54.582,74 euros. No obstante, el acuerdo plenario municipal extraordinario celebrado la semana pasada reseña que ahora será el área de Contratación la que solicite informes al resto de departamentos para cuantificar la liquidación, en cuyo proceso podrá alegar la empresa y el avalista. 

El proceso concluirá con otra sesión plenaria en la que se apruebe dicha liquidación, previo pago de la empresa acorde a lo que quede pendiente. Para ello, fuentes municipales manifestaron que esperan llegar a un acuerdo entre las dos partes. Hay que tener en cuenta que con la ley actual, en el caso de que no se llegue a un punto común, el Ayuntamiento se quedaría con el aval y la empresa se enfrentaría a no poder optar a licitaciones públicas durante dos años.