LA VILA JOIOSA. La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha aprobado de manera definitiva la modificación puntual número 1 del sector PP-1 Cales i Atalaies en su ordenación estructural. Un paso importante para continuar con el desbloqueo de esta zona de la Vila Joiosa que cuenta con un plan parcial anulado por sentencia judicial. De este modo, permitiría retomar construcciones en parcelas aún por desarrollar en una de las áreas estrella para las inversiones, la Cala vilera.

El acuerdo fue firmado el 21 de febrero en la Comisión Territorial de Urbanismo. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explica a Plaza que este es uno de los dos pasos necesarios para dotar de plan urbanístico a la zona. El siguiente corresponde a la modificación pormenorizada, para el que de momento, se ha realizado la evaluación ambiental y se ha sometido a información pública. Así, el Ayuntamiento ha requerido a los redactores la documentación definitiva y se volverá a mandar a todas las administraciones responsables, como el Servicio Provincial de Costas o la Generalitat al afectar a vías pecuarias y servicios como dotaciones educativas. Será entonces cuando se consiga también la aprobación definitiva de esta otra pata del plan parcial. Para ello, el edil calculó que podrían restar aún otros tres o cuatro meses.

El Consistorio trata de desbloquear esta zona que lleva años paralizada y que volvió a poner sobre la mesa la mercantil Ikasa Gestión Renta reiniciando el procedimiento en 2020.

Fue en el año 2006 cuando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló el acuerdo plenario en el que se aprobaba por una mayoría insuficiente este plan urbanístico. Desde entonces, no se ha podido continuar con la construcción de nuevas promociones. Una vez aprobado este planteamiento, le darán marco legal a las edificaciones existentes y permitirá seguir desarrollando la zona, aunque Ramis advierte que queda poco suelo sin urbanizar.

Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento suspendía en verano de 2023 la tramitación y otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición que no sean compatibles con la ordenación vigente ni con la propuesta en este Plan Parcial. Esto tiene un plazo de dos años que se inició en agosto de 2023, pero podría terminar antes con la aprobación definitiva del proyecto urbanístico.

Como pasa en muchas de las historias enrevesadas del urbanismo del litoral alicantino, los hechos se remontan a principios de los años 2000 y bajo el contexto del boom del ladrillo. En aquel entonces, el gobierno local presidido por el popular José Miguel Llorca aprobó por mayoría simple el Plan Parcial de Mejora 2 del sector PP-1 Cales i Atalaies. Pero era contrario a derecho puesto que se necesitaba mayoría absoluta de la Corporación. En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia lo anuló en 2006 y posteriormente, en 2016, lo ratificó el Tribunal Supremo. Durante los años en los que estuvo el Plan sin sentencia, el gobierno local otorgó licencias, llegando a construirse alrededor de 5.000 viviendas que luego se quedaron fuera de ordenamiento.