BENIDORM. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana avanza en el proceso para el derribo de las dos torres de Gemelos 28 de Benidorm. La última acta de la mesa de contratación ha propuesto para su adjudicación a la local Valmesa para la tasación de las viviendas que permitirá calcular las indemnizaciones a los propietarios en caso de que finalmente se ejecute la demolición del edificio.
Como ha venido contando Plaza, el organismo autonómico sacó a licitación el servicio de asistencia técnica para la gestión de toda la documentación necesaria. Los resultados finales se esperan para el 2026, aunque podrían demorarse a 2027. Al procedimiento se presentaron cuatro empresas, además de la mencionada, figuran Gloval Valuation SAU, Consulteco SL y Sociedad de Tasación SA, aunque esta última incurrió en presunción de anormalidad. El presupuesto con el que salió a licitación fue de 136.197,60 euros, impuestos incluidos, mientras que la empresa de Benidorm ha propuesto 87.962,16 euros, tal y como recoge el acta firmada el 15 de septiembre.
El edificio está pendiente de derribo a ejecutar por parte de la Generalitat. El Tribunal Supremo en 2012 en su sentencia declaró contraria a derecho la autorización para la construcción de este complejo residencial otorgada por la Dirección General de Puertos y Costas, dirigida entonces por el popular Rafael Blasco. El fallo mantenía que estaba ocupando la zona de servidumbre de protección de costa. Cinco años más tarde, fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la que mantuvo la demolición como única forma posible de ejecución de la sentencia. Todo ello sabiendo que se podrá edificar, pero unos seis metros más atrás de donde se sitúan ahora.
Este nuevo servicio aparejado al cumplimiento de la sentencia, salió después de comprobar todos los inmuebles existentes en las dos torres de 21 plantas. La adjudicataria, una vez formalice su contrato si todo sigue sin contratiempos, tendrá que identificar las personas propietarias de las viviendas, garajes, trasteros y locales, así como los titulares de otros derechos reales y los posibles arrendatarios. Asimismo, será la encargada de emitir los informes de tasación de cada uno, sin considerar las hipotecas o cargas que puedan gravarlos.
Tal y como figura en el pliego, Gemelos 28 cuenta con 327 inmuebles catastrales, de los cuales 168 son viviendas, otras 157 figuran como plazas de garaje y trastero, un local deportivo y otro comercial. En su día, calcularon que podría llegar a unos 100 millones de euros de coste, un precio que tendrán que actualizar ahora para concretar las indemnizaciones y responder económicamente por responsabilidad patrimonial. Eso sí, los informes de tasación de los inmuebles tendrán que referir la valoración que tenían a fecha de la sentencia, es decir, 23 de julio de 2012.
Y el tiempo corre, a pesar de que los fallos judiciales empezaron a llegar hace más de una década, el edificio sigue intacto y los propietarios e inquilinos viven con la incógnita de cuál será su futuro. Todo ello sabiendo que la Generalitat tiene fecha: la Comisión Judicial que preside el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha marcado octubre de 2029 para que comience el derribo.
Es más, tal y como ha podido confirmar este diario, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, se reunió este martes con vecinos del edificio para, en el marco de cumplir la sentencia, encontrar vías de colaboración.
Plazos
El periodo de ejecución es de 12 meses con posibilidad de prórroga por otros seis meses más. La resolución de Conselleria para aprobar el contrato distribuye las cuantías por anualidades para el presupuesto de 136.197,60 euros. Así, 45.399,20 serían para el 2025 y otros 90.798,40 en 2026. En el caso de que aprobaran la prórroga, el presupuesto ascendería a 204.296,40 euros. De este modo, se añadirían otros 45.399,20 euros para los meses de 2026 restantes y 22.699,60 euros en 2027.
El escenario más rápido sería disponer de un resultado final en 2026. Según las fases planteadas por el pliego, en los tres primeros meses de contrato desde su formalización, la adjudicataria tendrá que identificar a las personas titulares de derechos sobre los inmuebles, tanto propietarios como arrendatarios. En los siguientes nueve meses desde que se dé por terminada la primera fase, tendrá que emitir un informe de valoración de todo lo anterior y presentar una fórmula de cálculo para la actualización de la cuantía de las indemnizaciones con referencia en el año 2026, con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad y, en su caso, las variables adecuadas para los periodos en los que no se dispusiera de este.
