BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el segundo incremento del coste de la obra para la ampliación del cementerio de San Jaime. Así lo ha anunciado el Grupo Municipal Socialista, quien ha señalado que se trata de una revisión extraordinaria de precios del contrato de los trabajos por un importe de 275.143 euros. A lo que se suman los 307.000 euros aprobados en 2023. Por su parte, desde el PP han apuntado al Gobierno central por "las trabas impuestas".

Los socialistas han explicado este jueves que ha sido la Junta de Gobierno Local la que ha aprobado este expediente. De esta forma, la obra que se presupuestó en 3,1 millones de euros, llegará a algo más de 3,7 millones de euros. La portavoz del grupo municipal, Cristina Escoda, ha informado que la propuesta del departamento de Contratación indica que el contrato se formalizó el 22 de noviembre del 2021, que la obra se recepcionó el 19 de diciembre de 2024 y que la mercantil adjudicataria presentó hasta en tres ocasiones la revisión de precios en base al Real Decreto Legislativo 3/2022. “Estamos ante un caso más de la desastrosa gestión de un gobierno, con Toni Pérez al frente, que ha autorizado este gasto extra casi un año después de finalizar la obra, y cuando ha transcurrido más de dos años de la primera solicitud de revisión de precios de la empresa”, ha afirmado. 

La dirigente socialista ha arremetido contra la gestión del gobierno local al considerar que es ejemplo del absoluto “descontrol” y le ha reclamado que termine con esta formar de gestionar que "ha costado muchos millones a todos los ciudadanos".

Así, ha ahondado en el asunto remarcando que “la situación se parece cada vez más a la peor época del despilfarro y obras faraónicas de los gobiernos del PP en la ciudad y en la Comunidad Valenciana”. Así, ha recordado algunos de estos proyectos que vieron incrementado su coste bajo los gobiernos del PP en Benidorm como el edificio del Ayuntamiento que se adjudicó por 10,9 millones y tuvo un coste final fue 21,5 millones de euros, lo que supone un sobrecoste 96,65%; el Palau d’Esports L’Illa que pasó de 9,3 a 22 millones de euros con un 136% de sobrecoste; o la Estación de Autobuses que se licitó por 5,8 millones y se ha valorado en 24,5 millones de euros lo que representa un incremento del 415%. 

Escoda también ha hecho un repaso por los proyectos con incremento de costes, como la reforma de la Avenida del Mediterráneo o el Pabellón Multiusos del CEIP Leonor Canalejas. 

Respuesta del PP

Ante estas acusaciones, la portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, ha aludido a “las trabas impuestas por el Gobierno central en relación a la ampliación del Cementerio de Sant Jaume –una parte del cual se encuentra a escasos metros de la carretera Nacional 332– han obligado a modificar el proyecto y a asumir retrasos que se traducen en incrementos de precios”. La edil ha respondido así a las acusaciones vertidas en un comunicado por el grupo municipal socialista, tras la aprobación por parte de la Junta de Gobierno local de una revisión extraordinaria de precios del contrato de esta obra por un importe de 275.143 euros.

Caselles ha señalado que “las exigencias tanto del Ministerio de Fomento como de la Confederación Hidrográfica del Júcar a estas obras han obligado a modificar el proyecto e introducir imposiciones que no estaban inicialmente previstas”, lo que además “se ha traducido en demoras en un momento en que los precios no paran de crecer y que obviamente no son los mismos que cuando se planificó, se valoró y adjudicó la obra”.

La edil popular ha aprovechado para recordar que el Ministerio de Transportes tampoco ha accedido a financiar ninguna parte de la obra de la rotonda para dar acceso al polígono industrial ni el conocido como Vial Discotecas -una petición que no se aceptó tampoco con el gobierno anterior-. Lo que bajo su punto de vista, se trata de una "flagrante dejación de funciones". Por eso, la edil ha reclamado al grupo socialista que “en lugar de cargar contra el gobierno local, le reclamen al Gobierno central y a su presidente, Pedro Sánchez, y especialmente a su Ministerio de Fomento que dejen de poner trabas a todo lo que tiene que ver con Benidorm y que, por lo menos, asuman las obras y la financiación que les corresponde”.

Por otro lado, la portavoz popular ha recordado una vez más que “la Ley de Contratos del Sector Público contempla en su artículo 205 Artículo 205 las modificaciones de proyecto por prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales”. En consecuencia, “no estamos ante un sobrecoste, por mucho que se empeñen los socialistas, sino ante fórmulas que prevé la Ley y que están auditadas y avaladas por los técnicos municipales”. 

La portavoz del gobierno local ha lamentado que “sea precisamente el grupo socialista y la señora Escoda quienes utilicen palabras como ‘descontrol’ o ‘despilfarro’, cuando ella misma formó parte de un equipo de gobierno y de una gestión investigada por los tribunales por un supuesto desvío de más de 4 millones de euros de dinero público en enchufes a familiares y a amigos”. Para finalizar, ha señalado que “los supuestos sobrecostes que el PSOE atribuye al Partido Popular han sido para ejecutar obras para el uso y disfrute ciudadano Hay una diferencia bastante importante en lo que hemos hecho unos y lo que al parecer hicieron otros”, ha concluido.