BENIDORM. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) del Ayuntamiento de Benidorm ha presentado en tiempo el recurso de súplica a la Audiencia Provincial de Alicante contra el auto en el que se les retiraba como acusación particular y se les requería una fianza de 12.000 euros para continuar como acusación popular del conocido como 'caso enchufes'. El sindicato recurre esta decisión insistiendo en la posibilidad de seguir como hasta ahora, o en caso contrario, rebajar la fianza a los 3.000 euros.
Como ha venido contando de largo este diario, la causa investiga la política de contratación y personal durante el mandato del socialista Agustín Navarro entre los años 2009 y 2012. Aunque inicialmente había ocho acusados, la pasada semana excluyeron a cinco de ellos. Siguen en el procedimiento el exconcejal socialista Juan Ramón Martínez, el técnico que ejercía como coordinador del área de Recursos Humanos y la funcionaria que asumía la jefatura de ese departamento. Salen por tanto la que fuera concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, y otros cuatro trabajadores municipales del departamento de Personal.
En este mismo día se decidía retirar al SPPLB como acusación particular. El tribunal de la Sección Segunda estimaba de manera parcial la cuestón previa planteada durante la sesión que defendía la falta de legitimación para actuar como acusación particular. Aunque abría la puerta a seguir como acción popular previo pago de 12.000 euros. Una indemnización notablemente inferior sabiendo que en un principio pidieron que la fianza se pagara por cada uno de los acusados.
Ahora, la defensa del sindicato señala que esta decisión es lesiva para los intereses del mismo, por lo que accede a presentar un recurso de súplica. En primer lugar, insisten en alegar su retirada como acusación particular. Sobre esta cuestión, el auto de motivación menciona que "no se explica qué perjuicios económicos, materiales o morales se le han podido ocasionar como consecuencia de las presuntas actuaciones de los acusados, careciendo de legitimación para ejercer la acusación particular, toda vez que no es perjudicado ni ofendido, vistos los bienes jurídicos protegidos en los tipos penales por los que acusaba, ni directamente ni indirectamente".
Frente a esto, el sindicato expresa que defienden los intereses de los empleados del Ayuntamiento de Benidorm, siendo el sindicato más votado del Consistorio. Así, afirman haber sido perjudicados de manera económica, material y moral como consecuencia de la gestión que denuncian. De igual modo, aseguran que además de acudir como representantes de los trabajadores, también lo hicieron como funcionarios policías al observar presuntos delitos, y argumentan que su posición de acusación particular llegó con un auto judicial firme. Una serie de argumentaciones entre las que se encuentra la desestimación del recurso de reforma presentado en su día por la defensa de Navarro en el que apelaban contra la personación del SPPLB.
Si la revocación de la decisión no prosperara, solicitan que la indemnización se rebaje a 3.000 euros. Lo justifican por la falta de temeridad que supondría su acusación popular, ahondando en que el denunciante es el Ministerio Fiscal, y este ha mantenido el mismo criterio desde el inicio del procedimiento. Para el SPPLB, esta cuantía podría ocasionar que se salieran del proceso, a pesar, dicen, de haber dedicado durante 12 años recursos económicos en la causa.
Con todo, piden que se suspenda o amplíe el plazo de ocho días estipulado para la presentación de la fianza con el fin de ganar tiempo para que sus órganos internos competentes puedan aprobar y consignar la cantidad finalmente reclamada. "No somos un sindicato que tengamos un montón de ingresos, somos un sindicato humilde que lo único que hemos hecho es luchar contra la presunta corrupción que hubo en el Ayuntamiento de Benidorm y por que se restituyan los 4,5 millones de euros que faltaron en las arcas", mencionó este jueves Francisco Ángel González, quien añadió que esperan que la Audiencia Provincial "estudie el asunto y sea benevolente con nosotros".
El Ministerio Público atribuye delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, tras mantener que infringieron la normativa respecto del número de empleados municipales de los que debía disponer el consistorio (la denominada tasa de reposición) al aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que, a su juicio, incumplía ese límite máximo de contrataciones. También sostiene que, presuntamente, incrementaron los complementos salariales que debían recibir los empleados, lo que supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debían pagar las arcas municipales.
En su conjunto, ese proceder propició que se llegase a tramitar 130 contratos temporales y que se mejorasen las condiciones de 43 trabajadores, con un gasto adicional de 4,5 millones de euros, según las denuncias iniciales, presentadas por el sindicato SPPLB.
