BENIDORM. El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha denunciado este lunes el uso "abusivo y opaco" que a su consideración hace el Ayuntamiento de los contratos menores. Según el informe definitivo de control financiero realizado por la Intervención municipal sobre el ejercicio 2024, adjudicaron un total de 710 contratos que suman un importe de 3.443.673,97 euros. Una acción que atribuyen directamente al alcalde, Toni Pérez, a quien acusan de dar "a dedo" estos acuerdos. Por su parte, el PP defiende que el informe señala que hay margen de mejora y que no existe irregularidades ni ileagalidades.

El concejal socialista que fiscaliza el área de Hacienda, Antonio Charco, ha calificado estas cifras de "escandalosas", alertando además que, de una muestra aleatoria de 142 expedientes analizados por los técnicos, un 20% del total, se han detectado incidencias en 62 de ellos, "lo que representa un demoledor 44% de irregularidades en la gestión del gasto público", mencionan en un comunicado. Los socialistas explican que este análisis se ha realizado en cumplimiento del Plan Anual de Control Financiero 2025, en el que la Intervención municipal seleccionó estos expedientes basándose en un estudio de riesgos para garantizar que la contratación municipal se ajuste a la legalidad.

Los datos trasladados por los socialistas sobre esta documentación recogen cuatro tipo de deficiencias encontradas. En primer lugar, falta de justificación de la necesidad ya sea puntual, urgente o esporádica, requisitos indispensables para no utilizar un procedimiento de licitación abierto. Además, mencionan que se repite la carencia de presupuestos comparativos en gastos superiores a 3.000 euros, sabiendo que es obligado adjuntar al menos tres ofertas de empresas diferentes para optar al contrato en cuestión, ni se justifica el motivo por el que no se solicitaron. La tercera deficiencia que se repite es que no se argumenta la necesidad de optar por esta figura de contratación directa en lugar de otras que fomenten la competencia. Y por último, destacan los posibles fraccionamientos de contratos, al detectarse en 14 expedientes indicios de división artificial del objeto del contrato para evitar superar los umbrales legales y esquivar así los controles de una licitación pública.

Charco ha destacado que, tras el estudio, el departamento de fiscalización municipal ha lanzado una serie de recomendaciones para corregir estas prácticas. Entre ellas, destaca la exigencia de una mejor planificación anual para que las necesidades recurrentes del Ayuntamiento se cubran mediante contratos de licitación pública y no a través de una sucesión de contratos menores. Asimismo, insta a los departamentos gestores a mejorar la redacción de los informes, definiendo con precisión el objeto del contrato y justificando siempre la adecuación del precio al mercado para velar por la eficiencia del gasto público.

Sabiendo todo esto, el edil socialista ha exigido al equipo de gobierno del PP que "abandone la política de la adjudicación directa sistemática y cumpla con las recomendaciones de los técnicos municipales".  "No podemos permitir ni adjudicar a dedo tantos millones de euros, ni que de una muestra casi la mitad de los contratos que se fiscalicen presenten tachas de irregularidad. El dinero de los vecinos de Benidorm debe gestionarse con máxima transparencia, publicidad y concurrencia, y no como si el Ayuntamiento fuera el cortijo particular del alcalde", ha concluido.

Respuesta del PP

Ante estas acusaciones de los socialistas, la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, trasladó su lectura sobre las conclusiones del informe considerando que "deja bien a las claras que hay margen de mejora y ninguna irregularidad ni ilegalidad". En este sentido, afirmó que Charco "una vez más embarra la vida política local con titulares sacados de contexto y nutridos de falsedades sobre una muy buena gestión económica de este equipo de gobierno". 

Según ha incidido la edil, “esta es la primera vez que se realiza un análisis tan exhaustivo en torno a los contratos menores que tramita y formaliza el Ayuntamiento y se ha hecho con el ánimo de afinar la gestión económica municipal y ser aún más eficientes”. En este punto, indica que el informe establece que, tal y como se recogía en el Plan Anual de Control Financiero 2025, “el objetivo de la Intervención municipal con la elaboración” de este documento es “establecer un punto de partida para, en su caso, iniciar un proceso de mejora en la tramitación administrativa municipal”. Por ello, defiende que debido a este documento, “ahora sabemos dónde podemos mejorar y qué aspectos cabe corregir” cuando se tramitan contratos menores, que “no hay que olvidar que son una modalidad de contratación recogida y prevista en la Ley”.

“No son contrataciones ‘a dedo’, como sostiene interesadamente el PSOE, ni las realiza el alcalde”, ha aclarado la edil, que ha explican que entre las recomendaciones apuntadas por Intervención está que los diferentes departamentos trabajen más estrechamente con Contratación, que éstos mejoren la redacción de los informes propuesta, prestar especial atención a la hora de definir el objeto de los contratos para evitar posibles fraccionamientos y establecer herramientas que faciliten a las empresas interesadas participar de contrataciones menores.

La responsable de Hacienda ha señalado que “entre las muchas mentiras del señor Charco está la de acusar a este gobierno de opacidad en la gestión de contratos menores. Nada más lejos de la realidad. Trimestralmente se publica la relación de los contratos menores que se formalizan; información que también se remite a la Sindicatura de Comptes”. Esta entidad, ha continuado, “es uno de los organismos supramunicipales que periódicamente audita la gestión económica de este Ayuntamiento”, analizando diferentes aspectos de la misma y "sin que hasta la fecha se haya achacado ninguna irregularidad a los sucesivos gobiernos presididos por Toni Pérez", recoge el comunicado de respuesta.  

Por último, García Mayor ha acusado a los socialistas de “querer generar una sombra de duda y sospecha sobre la gestión del gobierno local y los técnicos responsables de los distintos departamentos municipales dando a entender que se ha hecho un uso irregular o ilegal de los contratos menores, algo que es totalmente falso. De haber sido así, la interventora municipal hubiera dado traslado a la autoridad judicial competente y el propio Antonio Charco habría presentado una denuncia ante la Fiscalía en lugar de lanzar una nota de prensa”.