BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm debatirá en su próxima sesión del mes de mayo aceptar la cesión de los antiguos juzgados, ubicados en el número 12 de la avenida Beniardá. La moción, presentada por el alcalde, Toni Pérez, culminará todo el proceso que llevan desde 2016 reclamando a la Generalitat. El acuerdo permitirá dar uso a estas instalaciones que permanecen cerradas y sin actividad. 

Fue en febrero de este año cuando el primer edil y la consellera de Hacienda, Ruth Merino, hacían pública la intención de ceder estos locales. Posteriormente, el 15 de abril, el Consell de la Generalitat Valenciana aprobaba la desafectación y cesión de uso gratuito a favor del Consistorio por 30 años. Un acuerdo que también beneficia a las arcas autonómicas: calculan que el IBI de estas tres décadas ascendería a 101.000 euros.

Según consta en la moción, a la que ha tenido acceso Plaza, el Ayuntamiento acepta de forma expresa las condiciones físicas y jurídicas en las que se encuentran actualmente los inmuebles, que en su conjunto llegan a los 1.250 metros cuadrados. Como se decía, el periodo de vigencia es de una duración inicial de 10 años que se pueden prorrogar anualmente hasta un máximo de 30 años.

Aunque no hay nada confirmado de manera oficial, el acuerdo en su punto cuarto señala que los usos previstos son para Extensión Administrativa al barrio con servicios PROP a la población general, así como a otros servicios municipales y otras entidades, asociaciones y colectivos no gubernamentales de participación ciudadana.

Reivindicación

La cesión llega casi una década después de que se tenga constancia de las solicitudes del Ayuntamiento de Benidorm. Como ya explicara este diario, en diciembre de 2017 el Consistorio informó que la Generalitat, entonces presidida por el Botànic, les había negado la cesión aludiendo a que se reservaba el uso de estos espacios para la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Sin embargo, en todo este tiempo no se llegó a abrir. Cabe mencionar que lo hacían en respuesta a las dos peticiones: a principios de 2016 por parte del grupo Compromís-Los Verdes y en septiembre de 2017 por el PP. Sobre esta última Pérez asegura que esta expresó "su voluntad de solicitar a la administración autonómica titular de los inmuebles, la cesión de uso de los referidos locales con el objeto prestar en dichas instalaciones un mayor y mejor servicio público a la ciudadanía", recoge la moción del alcalde.

Para el popular, estos locales tienen un interés público que ha motivado varios escritos de solicitud "con escasas respuestas obtenidas, rechazados sistemáticamente y alegándose diferentes circunstancias, siendo evidente que durante todo este tiempo dichos locales han permanecido cerrados no teniendo ningún uso efectivo por parte de la administración titular". El cambio llegó a finales de 2023, afirma en la moción, aludiendo a la voluntad de la administración autonómica. 

En septiembre de 2024 solicitó el impulso del expediente de cesión mediante oficio a la Generatitat, que culmina tras su aprobación próxima en el pleno, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.