BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que echar mano de un contrato de emergencia para garantizar el servicio de autobús en las líneas que hasta ahora prestaba la concesión de la Generalitat Valenciana. Unos trayectos que no se contemplan en el nuevo proyecto avanzado por este diario y en fase de exposición pública. Por ello, el Consistorio se ha apresurado a sacar un nuevo contrato con una duración máxima de dos años hasta que se adjudique el nuevo servicio municipal.
El transporte público urbano de Benidorm se prestaba bajo la concesión autonómica 'CVA-006 Benidorm–Rincón de Loix–Altea la Vella–L'Alfàs del Pi–Guadalest–Cala de Finestrat'. Sin embargo, la concesión terminó hace unos meses y la Conselleria de Transportes comenzó en febrero el contrato 'CE706/CE-711 Benidorm Metropolitano' que cubre la movilidad interurbana y aquellos tráficos urbanos vinculados a las líneas interurbana. De esta manera, quedaban excluidas aquellas que eran estrictamente urbanas "de forma unilateral", recoge el pliego.
La encargada de continuar con el servicio ligado a la Generalitat es Avanza Movilidad Levante, quien también llevaba la concesión anterior. Y según relata la documentación, en noviembre de 2025 comunicó al Ayuntamiento que a partir del 1 de enero de 2026 cesaría en la prestación del servicio de transporte colectivo correspondiente a las líneas urbanas excluidas del nuevo contrato. No obstante, fuentes municipales señalaron a este diario que la empresa optó por seguir con estos trayectos al conocer la intención de sacar un contrato de emergencia. De este modo, el Consistorio ha optado por promover y redactar un proyecto simplificado para garantizar la continuidad de "un servicio público básico y esencial para la ciudadanía".
La administración local se acoge al artículo 85 de la Ley 16/1987 para justificar esta medida de emergencia, que contempla este supuesto con una duración del contrato que no sea superior a dos años, tiempo que tendrán para licitar el nuevo proyecto municipal y adjudicar el nuevo servicio.
Las líneas que abarcarían en el nuevo contrato son las siguientes: Línea A (01) [Aqualandia/Mundomar] - Severo Ochoa - Centro - Estación de tren; Línea B (04) Centro - Rincón de Loix - Severo Ochoa - Palau d'Esports - Salto del Agua - Estación de Autobuses; Línea C (05) Avd Jaime I - Centro - Rincón de Loix - Severo Ochoa - Cementerio San Jaime; Línea D (06) Centro - Lepanto - Hotel Pueblo - C/ Ibiza; Línea E (07) Tívoli - Avd Beniardá - Alfonso Puchades - Salto del Agua; Línea F (08) Estación Tram - Avd Beniardá - Jaime I - Avd V. Pérez Devesa; Línea G (11) [Estación Autobuses] - Centro - Rincón - Avd Montecarlo - Ciudad Patricia - Aqualandia/Mundomar; Línea H (26) Centro - Tolls - Avd 9 d'Octubre - Centro Salud Foietes - Avd Adolfo Suárez; Línea K (42) Avd Beniardá - Terra Natura - [Terra Mítica]
El pliego de prescripciones técnicas establece la necesidad de adscripción al contrato de una flota compuesta como mínimo de 12 vehículos, diez en servicio más dos de reserva, incluyendo los dos vehículos eléctricos de titularidad municipal. Además, registra el precio de las tarifas, siendo de dos euros para el billete sencillo y especificando las diferentes bonificaciones como las tarjetas monedero en sus diferentes versiones, así como el servicio gratuito para los usuarios de los aparcamientos disuasorios ubicados en la avenida Beniardá y Cuba, que tienen derecho a transporte gratis de ida y vuelta entre las paradas más cercanas a estos estacionamientos y su destino dentro de la misma línea.
En términos económicos, el Ayuntamiento estima un coste total del servicio de 1.724.710,38 euros, sin IVA, mientras que los ingresos se quedarían en 981.421 euros sin IVA. Por ello, la administración local tendrá que aportar una cuantía máxima anual para equilibrar el coste de 743.289,15 euros (sin IVA), llegando a los 1.486.578,30 euros (1.635.236,13 euros con IVA) en el caso de que se llegue a los dos años. El servicio ha salido a licitación por procedimiento abierto este jueves 23 de abril y el plazo estará abierto una semana, hasta el próximo jueves 30 de abril.
Se trata de un proyecto que el gobierno local lleva años anunciando. Así lo hizo en 2019 con críticas al proyecto de la Generalitat que no querían asumir y que finalmente no se terminó ejecutando, manifestando esta idea en posteriores ocasiones, como en 2021, cuando el alcalde, Toni Pérez, comunicó la decisión al Consejo de Movilidad con una idea avalada por los técnicos municipales. En su defensa, el Consistorio apuntaba como objetivo "mejorar su eficacia y fomentar su uso, sobre todo entre la población residente y para desplazamientos laborales, avanzando así en la estrategia de movilidad sostenible".
