ALTEA. El Ayuntamiento de Altea da un paso importante para poder desatascar el desarrollo del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Sector RS-8 Bellas Artes. El pleno celebrado este jueves ha dado luz verde a la caducidad del mismo y la consecuente retirada de la condición de agente urbanizador a la empresa encargada de realizar las obras. El Consistorio considera que la mercantil no ha cumplido con los acuerdos adoptados entre las dos partes. De este modo, se adentra en la preparación de la gestión directa de estos terrenos, como anunciara hace un año.

Como ha venido contando Plaza, se trata de una bolsa de suelo pendiente de desarrollar que podría albergar hasta 1.200 viviendas. Una posibilidad que empuja al gobierno local a prestar atención a su desarrollo para crear más vivienda, sabiendo que 170 son de protección pública, de las cuales, 80 pertenecerán al Ayuntamiento, según dijo el concejal de Urbanismo, José Orozco. 

La propuesta, que salió adelante con los votos a favor del bipartito (Compromís y PSOE), la abstención del PP y el voto en contra de Vox, declara la caducidad del PAI. Como consecuencia, el urbanizador, Promociones y Finanzas, pierde la condición de agente urbanizador "por incumplimiento de los términos establecidos en el programa", según señaló el edil durante su intervención. Es más, explicó que la empresa no llegó a alegar en contra de esta decisión. 

A su vez, el acuerdo establece incautación de las garantías depositadas por la empresa en la tesorería municipal para "responder del correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el agente urbanizador". Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento ahora entrará en análisis de lo ejecutado para la liquidación del contrato, y posteriormente, asumir la urbanización de manera directa. Igualmente, mantendrán la vigencia y eficacia del PP del Sector Bellas Artes que se aprobó de manera definitiva por acuerdo plenario en 2003 así como las modificaciones aprobadas posteriormente. También el Proyecto de Urbanización acordado en 2023 y el de Reparcelación de 2012. 

Como se decía, el Ayuntamiento ahora ordena la incoación y tramitación del expediente de liquidación del PAI Bellas Artes, así como el contrato suscrito con el agente urbanizador para determinar el importe de las obras ejecutadas y su relación con las cuotas de urbanización recaudadas y pendientes; calcular los importes que por cualquier concepto tenga que percibir el Ayuntamiento tanto del agente urbanizador como de los propietarios; además de los daños y perjuicios que la resolución del programa ha supuesto al Consistorio y a los titulares de los bines y derechos afectados por la actuación. 

El edil de Urbanismo señaló que las obras comenzaron a finales de 2023, mientras que la sentencia del TSJ donde fallaba a favor de la caducidad del actual programa de urbanización llegó en 2025. En ese momento tenía el 20% ejecutado, según informó en su día. "El urbanizador tuvo año y medio para poder hacer las obras de urbanización", apostilló ante las intervenciones de la oposición. En este punto, afirmó que "el mejor favor que le podemos hacer a los propietarios y al resto de municipios es tratar de desbloquearlo lo más rápido posible", para lo cual, han contratado a un equipo técnico y jurídico que está acompañando al Consistorio en este proceso.

El PSOE se mostró a favor de la resolución del programa, a través de su edil José Maria Broja, mientras que la oposición fue más crítica por la dilación en el tiempo para ejecutar este sector. Así, la portavoz del PP, Rocío Gómez, reiteró la importancia que tiene el mismo para la creación de nuevas viviendas en el municipio y afeó al gobierno local por lo que ella consideraba que no habían explicado "nada" sobre el desarrollo de las actuaciones ni del futuro del plan. Por su parte, el portavoz de Vox, Diego Coello, lamentó el tiempo que ha pasado desde que se aprobó el proyecto y las posibles reclamaciones que se podrían abrir a partir de ahora.

Sentencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) trasladaba en su fallo que la planificación de plazos y tiempos previstos para la urbanización del sector había sido ampliamente rebasado y por tanto, tenían que hacer una nueva programación para ejecutar las obras de urbanización. 

Previamente, el Consistorio recurría en apelación al TSJCV la sentencia que en enero de 2023 había resuelto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por el interpuesto por una parte de los propietarios de este suelo. Pero tras la desestimación de la defensa municipal y de la empresa, el tribunal confirmó en enero "en todos sus términos la sentencia apelada", que asumen como propia. 

El histórico en los juzgados se remonta al recurso de los propietarios, que iba contra el decreto de la concejalía de Urbanismo del 3 de agosto de 2020 por el que se rechazaba la solicitud de declaración de caducidad del PAI. La defensa del Ayuntamiento apuntaba, entre sus argumentos, a un error de apreciación del supuesto hecho y en jurisprudencia aplicada por la "imposibilidad de un retraso del urbanizador en la ejecución de las obras de urbanización, dado que estas no han dado comienzo". Al mismo tiempo, aseguraban que no se aprobó el proyecto de urbanización hasta el año 2023 por ser cuando se aprueba la última modificación. Por su parte, la empresa también negaba el incumplimiento de plazos. Sin embargo, en la sentencia de enero de 2025 desestimaba una a una las motivaciones de ambos interesados, tal y como desgranó Plaza en su momento.