ALTEA. El pleno de Altea ha sacado adelante la moción que permite regular cómo y dónde se podrán aprobar nuevas licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT). La propuesta del concejal de Urbanismo, José Orozco, ha contado con el voto a favor del gobierno local, formado por Compromís y PSOE, mientras que el PP y Vox han votado en contra. Ahora comenzará la fase de exposición pública del documento por un periodo de 45 días en el que se podrán presentar alegaciones.

Como ya adelantara Plaza, la delimitación de esta actividad se diferencia en cuatro grados de vulnerabilidad: vulnerables -donde se prohíbe-, zonas en riesgo alto, zonas en riesgo medio y zonas de baja vulnerabilidad. Por tanto, no se permitirá la vivienda de uso turístico en zonas del Pla de Castell, la avenida de La Nucía, en Piteres, en el Ensanche, Clot de Mingot, Carrer la Mar y toda la fachada marítima hasta el puerto, en Cap Negret desde el río hasta el núcleo de l'Olla-Cap Negret, y en Mascarat norte. En el Núcleo Histórico Tradicional tampoco se permitirá la implantación de nuevas VUT, salvo la excepción de las que conlleven rehabilitaciones patrimoniales concretas.

Así, el edil indicó que se aprueba la suspensión de la concesión de la compatibilidad urbanística, necesaria para el registro de la VUT, por un año más para estas zonas. Aunque aclaró que podrá ser por menos tiempo si se resuelven las alegaciones antes. En concreto, el Ayuntamiento ha aprobado la propuesta inicial de la Modificación Puntual de las ordenanzas del PGOU de 1982 para la regulación de la implantación de la vivienda de uso turístico en suelo urbano.

Para acotar estas zonas el Ayuntamiento se ha basado en el Indicador de Vulnerabilidad Territorial (IVT) que se calcula teniendo en cuenta el Índice de Presión Residencial (IPRE) -que es el porcentaje de Viviendas de uso turístico sobre el total de viviendas- y el porcentaje de vivienda principal sobre el total de viviendas y la densidad de viviendas. Una vez creadas estas categorías, establecen los límites a las VUT. En las zonas vulnerables donde el índice es mayor o igual a 51, no se permite la implantación de viviendas de uso turístico, salvo que esta suponga la recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional. Es el caso de la rehabilitación de edificaciones construidas con materiales y técnicas constructivas tradicionales para inmuebles de más de 50 años de antigüedad y situadas en los Núcleos Históricos Tradicionales, o recogidas en la Sección de Patrimonio Cultural del Catálogo de Protecciones, con cualquier nivel de catalogación.

Las zonas en riesgo alto de vulnerabilidad (entre 31 y 50) se permite siempre que no se supere un Índice de Presión Residencial en el 4%. En las zonas en riesgo medio de vulnerabilidad (IVT entre 11 y 30) el requisito pasa a un Índice de Presión Residencial del 8%. Finalmente, en las zonas de baja vulnerabilidad (IVT menor o igual a diez) hay vía libre para la actividad, aunque con el límite general propuesto para todo el municipio.

Además, el edil explicó que se establece un límite global del 16% de VUT respecto del total de las viviendas del municipio. En la actualidad, el municipio está en el 9,8%.

Para el concejal de Compromís, "no se trata de prohibir la actividad turística, sino de planificarla de manera justa y sostenible. Se trata de proteger nuestros barrios evitando también procesos de gentrificación que comienzan a haber y garantizando que Altea sea un lugar donde poder vivir y no solo veranear", ha dicho durante su intervención. Esta ha culminado de la siguiente forma: "Hoy podemos marcar un antes y un después y garantizar un modelo de Altea más justo, habitable y sostenible".

Por su parte, el concejal del PSOE, José Maria Borja, insistió en la misma idea, asegurando que no era cosa de "demonizar a nadie" porque las viviendas de uso turístico "hacen falta". 

La oposición, en contra

Tanto PP como Vox votaron en contra de la moción. La portavoz de los populares, Rocío Gómez, mostró la "profunda preocupación" de su partido por cómo se está gestionando la regulación de esta actividad. Así, quiso dejar claro que ellos sí que apuestan por tomar medidas para "prevenir problemas", asegurando que lo llevan planteando desde la legislatura anterior. No obstante, pidió explicaciones, que no se llegaron a dar, sobre el periodo de seis meses que ha estado la suspensión levantada, sabiendo que en enero de 2025 cumplía el año aprobado para no aprobar licencias.

"La propuesta de ordenanza de regulación creemos que es injusta e insuficiente", ha apuntado, señalando que discrimina entre vecinos del casco antiguo según hayan "abandonado la vivienda" o "la hayan cuidado". "Desde el PP hemos defendido siempre una regulación ordenada, que dé seguridad jurídica, que diferencie entre quien incumple y quien abusa, y que proteja tanto a vecinos como al modelo turístico de calidad que Altea necesita", ha continuado. Así, ha afirmado que "el problema de la vivienda en Altea es la falta de suelo y la paralización judicial por caducidad del Plan Bellas Artes por la mala gestión lo empeora". Con todo, Gómez afirmó que presentarán alegaciones en la fase de exposición pública.

En cuanto a la formación ultraderechista, el portavoz de Vox, Diego Coello, se posicionó en contra acusando al gobierno local de promover una moción nacida del "afán intervencionista" y no creer "en la libertad individual y en la propiedad privada". Además, defendió que "el problema de vivienda" se debe a la falta de oferta.