ALICANTE (EFE/AP). Un constructor de nacionalidad alemana, acusado en el juicio por la construcción de 292 viviendas en suelo rústico entre los años 1999 y 2003 en el municipio de Llíber, Peter Antonius Schmidt, declaró este miércoles en la segunda sesión de la vista, que pagó alrededor de 200.000 euros al arquitecto técnico municipal, Amador Signes, también procesado por los mismos hechos.

Schmidt, que compareció por videoconferencia, tras alegar, el lunes, problemas de salud para desplazarse hasta España, explicó que esos pagos correspondieron por "la realización de proyectos", su "revisión" y "su entrega para la licencia", para la que se requería el informe del mismo Signes.

En el banquillo se sientan un total de diez acusados: cinco constructores, el arquitecto municipal, quien fuera alcalde durante esa legislatura, José Mas Avella, el actual alcalde, José Juan Reus, y otros tres exconcejales del momento. Otros dos ediles incluidos en la causa ya han fallecido, mientras que se ha excluido del proceso a quien ejerciese como secretaria municipal, tras ser declarada incapacitada por sufrir una enfermedad degenerativa.

La Fiscalía mantiene que las casas construidas en suelo rústico fueron vendidas a compradores extranjeros que, en su mayoría, no han podido legalizarlas, después de que se concertase una presunta trama para conceder licencias para la restauración de almacenes agrícolas con parte habitable que, realmente, se utilizaban para construir viviendas de nueva planta. Así, considera que se habrían cometido delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios. En su conjunto, solicita penas que suman 43 años y seis meses para el conjunto de los procesados, con penas que oscilan entre los quince meses y los siete años de prisión, en función de cada encausado.

En su declaración, Schmitd también apuntó que él promovió la construcción de las viviendas porque el representante de la inmobiliaria a la que compró parte de los terrenos, Miguel Muntaner -a quien el sumario de la causa considera uno de los cabecillas de la trama-, le dijo que "estaba todo arreglado", que "las licencias eran correctas" y que los proyectos estaban autorizados por el arquitecto municipal. Así, señaló que "ni consciente ni inconscientemente intentó engañar" a ningún comprador y que siempre se mostró "abierto y transparente" con sus clientes. Además, sostuvo que su empresa concertó trabajos con diez arquitectos y que contactó con abogados para conocer la legislación española.

Por su parte, el arquitecto técnico municipal, Amador Signes, señalado por el constructor, que compareció en último lugar durante la segunda sesión del juicio, se acogió a su derecho a no declarar.

Sí testificó el hijo de Schmidt, Benjamin Sebastian Schmidt, también acusado, que figuraba como apoderado en la constructora de su padre. Eso sí, se limitó a declarar que su única función en la empresa era ejercer como intérprete con los ingleses que compraban las viviendas y que solo seguía las instrucciones de su padre. Al margen de ello, solo añadió que la empresa contaba con arquitectos propios y con abogados.

En tercer lugar, declaró el empresario Miguel Muntaner, representante de Comercial Monty, quien explicó que él solo ejerció como intermediario en la venta de suelos, y que luego era cada comprador el que presentaba su proyecto y el que tramitaba sus licencias. Con todo, también admitió que construyó ocho viviendas, y que pensaba que se podían construir puesto que "el ayuntamiento lo permitía", aunque fuese conocedor de que en algunos casos los permisos eran para "restaurar almacenes agrícolas", y no viviendas de nueva planta.

Niega el regalo de un Mercedes

Además, se retractó respecto de la declaración prestada ante la Guardia Civil y ante el juzgado de instrucción, después de que se practicase su arresto, para señalar que él no le regaló un vehículo marca Mercedes al exalcalde José Mas Avellá, sino que tramitó la entrega del vehículo a la mujer del exprimer edil, y le ayudó con los trámites porque venía de Alemania. Así, señaló que ella pagó el precio que correspondía.

Sobre el motivo de su retracto, explicó que en su momento declaró "bajo presión". "Me detuvieron a las seis de la mañana, me metieron en un calabozo, y pese a que padecía migraña, no me dieron ni medicación", aseguró. Igualmente, sostuvo que los 10.000 euros que, según el sumario, le entregó a Mas Avellá por un tendido eléctrico correspondían, en realidad, al pago de las tasas por la licencia que ingresó en la cuenta municipal.

En cuarto lugar, declaró un tercer constructor, Trevor John Henry Bourne, quien refirió, solo en respuesta a las preguntas formuladas por su abogado, que creía que las casas que construía eran legales puesto que contaban con permiso del ayuntamiento y que toda la tramitación de las licencias y el pago de las pasas lo concertaba con un asesor.

Un quinto constructor, Hans Georg Friedch Aust, se pronunció en términos similares, también solo a preguntas de su letrado, para sostener que nunca recibió ninguna notificación en la que le informasen de que las viviendas que construía fuesen ilegales, que no recibió ninguna reclamación posterior de sus clientes y que no conocía al arquitecto municipal.

La regularización y las votaciones

Por su parte, el actual alcalde, José Juan Reus, expuso que las licencias se aprobaban "por unanimidad" en el pleno, sin que él ni ningún otro concejal revisase los expedientes con antelación, porque la secretaria municipal les decía que todo estaba correcto y que estaban informadas por el arquitecto municipal. "¿Cómo no íbamos a aprobarlas si nos decían que estaba todo bien?", apuntó. Eso sí, admitió que, a partir de cierto momento, con la cercanía de las elecciones de 2003, los concejales del PSOE dejaron de votar a favor.

De igual modo, explicó que Llíber contaba con normas subsidiarias como regulación urbanística, en lugar de un PGOU, aunque no lo conocía.  Además, señaló que no presionaron al arquitecto municipal en ningún momento y que éste no era funcionario municipal, sino que facturaba por los trabajos realizados. Por último, aseguró que, en estos momentos, se está procediendo a regular las viviendas que todavía no disponían de todos los trámites administrativos correctos para que puedan escriturarse y registrarse, en coordinación con la Generalitat.

Otro de los concejales del momento, que asumía la delegación de Fiestas, Vicente Andrés Ivars, confirmó que aprobaban las licencias porque contaban con informes favorables y dijo no recordar si era para construir casas nuevas o para restaurar almacenes agrícolas.

Y, por último, el también exconcejal del PSOE, José Ordines, argumentó que, en realidad, las licencias no llegaron a aprobarse por unanimidad puesto que "no nos daban la oportunidad de votar; no pintábamos nada". "Votaban los concejales del PP, que tenían la mayoría, y no nos preguntaban, hasta que, en un momento dado, nos quejamos y comenzaron a preguntarnos nuestro voto, y pudimos votar que no".

En el inicio de la sesión, el presidente del tribunal precisó que las cuestiones previas formuladas el lunes se resolverán en el momento del dictado de la sentencia. Entre ellas, la planteada por las defensas sobre la posibilidad de que la causa girase en torno a unos hechos ya enjuiciados por un Juzgado de lo Penal de Benidorm, con una sentencia absolutoria ya ratificada por la Audiencia, así como la posible prescripción de los delitos que se atribuyen a los acusados. No obstante, sí ha rechazado la cuestión previa relacionada con la falta de legitimación de la asociación de afectados para ser parte en el proceso, en el que ejercen como acusación, para sostener que sí tendrían esa capacidad de intervenir en la causa al representar a varios afectados a título particular. El juicio proseguirá el próximo lunes con la declaración de los testigos.