LLÍBER. El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha reclamado al presidente provincial del Partido Popular de Alicante y presidente de la Diputación, Toni Pérez, así como al presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que actúen con coherencia y obliguen a dimitir o, en su defecto, expulsen de inmediato al alcalde de Llíber, José Juan Reus, tras la apertura de juicio oral en el conocido caso urbanístico de los 300 chalets ilegales construidos durante el periodo en que él era el concejal responsable del área.

La coalición ha recordado que el propio Partido Popular y el propio Pérez han defendido públicamente que la apertura de juicio oral debe conllevar la dimisión automática de cualquier cargo público, sin excepciones. En palabras literales del PP, recogidas en otros casos recientes: “No se puede permitir que un cargo público se mantenga en su puesto cuando pesa sobre él un juicio oral por prevaricación. La ética y la responsabilidad política están por encima de todo”.

Compromís considera que esta misma doctrina debe aplicarse ahora al alcalde popular de Llíber, investigado por su implicación en la trama urbanística que permitió la construcción de 300 chalets ilegales durante la legislatura 1999-2003.

“Es inaceptable que el PP sea implacable y actúe como inquisidor cuando los casos afectan a otros partidos, y en cambio guarde silencio y blinde a sus cargos cuando les salpica la corrupción. Si Toni Pérez quiere mantener un mínimo de coherencia y credibilidad, debe actuar ya y cesar al alcalde José Juan Reus; de Mazón ya no esperamos nada”, ha declarado Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante.

El caso urbanístico, que ha comenzado a juzgarse 22 años después de los hechos, implica a un total de 10 acusados, incluidos el exalcalde José Mas y el actual alcalde José Juan Reus. La Fiscalía les acusa de delitos graves como prevaricación, cohecho, estafa y contra la ordenación del territorio. En concreto, para Mas se piden penas de más de cinco años de prisión, multas de hasta 45.000 euros e inhabilitación durante más de 15 años. Para Reus, el Ministerio Fiscal solicita una multa económica e inhabilitación para cargo público durante 8 años y 6 meses, por su responsabilidad directa en la concesión ilegal de licencias.

Compromís ha denunciado también que, como consecuencia directa del retraso injustificado de la justicia (más de 22 años), José Juan Reus ha podido mantenerse en el cargo y continuar desarrollando un modelo de urbanismo depredador, impulsando nuevos proyectos urbanísticos masivos a pesar del impacto ambiental y la falta de recursos básicos. Un ejemplo claro es la reciente tramitación de un PAI para 488 nuevas viviendas en una zona con graves problemas de falta de agua, que ha supuesto la destrucción del último paraje virgen de Llíber. “Es una prueba más de que la impunidad, la falta de responsabilidad política y judicial, perpetúan prácticas urbanísticas que dañan el territorio y ponen en riesgo el futuro”, ha remarcado el portavoz de la coalición.

La formación ha criticado también el retraso del proceso judicial, que califica como “inadmisible y un fracaso del sistema judicial”. Compromís ha lamentado que esta dilación “ha provocado que muchos de los afectados, especialmente personas extranjeras que confiaron en la legalidad de estas viviendas, hayan muerto o abandonado su lucha sin ver nunca que se haga justicia”, y ha añadido: “Es una vergüenza que la justicia llegue tan tarde que pierda todo sentido reparador y deje en la impunidad situaciones graves como esta; es un fracaso del sistema democrático. Esto solo se puede paliar dotando al poder judicial de los recursos necesarios para ejercer sus funciones y aliviar el atasco que existe actualmente en los juzgados”.