BENISSA.- Reiniciem, Compromís y CIBE, junto con la plataforma Salvem el Litoral, han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra el alcalde de Benissa, Arturo Poquet (PP), y la mercantil Benissa Natura S.L, por un posible delito medioambiental y urbanístico relacionado con las actuaciones que se están llevando a cabo en la parcela conocida como Patmore o Tossal de l’Asprar, situada entre Cala Pinets y Cala La Llobella.
Desde el pasado martes 2 de febrero, los tres grupos políticos y la plataforma vienen alertando públicamente de actividades presuntamente irregulares en dicha parcela, ya que no están amparadas por licencia urbanística alguna, y que incluyen trabajos con maquinaria pesada, uso de excavadoras, movimientos de tierras, y tala indiscriminada de pinos sanos. La empresa, por contra, defiende que los únicos trabajos que se han realizado es la retirada de los pinos muertos y que de ello estaba informado el consistorio. "No se ha hecho ningún movimiento de obras", informan desde la empresa.
Las actuaciones "irregulares", denuncian, incluyen la instalación de banderolas publicitarias de gran formato (más de 6 m de alto) a lo largo del muro perimetral de la parcela, anunciando las promociones “Patmore Resort” y “Patmore Residences”, así como los logotipos de TQ Invest Pro, Alicante Global Group y The Casas Company, todo ello sin licencia urbanística ni autorización administrativa, "generando una apariencia de hecho consumado".
Los denunciantes subrayan que la voluntad compartida de los tres grupos y de Salvem el Litoral es proteger el Tossal de l’Asprar (Patmore), la última zona virgen del litoral benissero, frente a un proyecto urbanístico que contempla la construcción de diez viviendas y un hotel de lujo, promovido por Benissa Natura, y que supondría una transformación irreversible del entorno.
La parcela afectada se encuentra en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) integrado en la Red Natura 2000, lo que implica un régimen de protección reforzada conforme a la normativa europea, estatal y autonómica, además de albergar la planta protegida Helianthemum caput-felis. Asimismo, el ámbito está sometido al Plan Especial de Protección de la Franja Litoral de Benissa, que prohíbe actuaciones que alteren el suelo o afecten al arbolado al tratarse de suelo no urbanizable protegido, y se encuentra además dentro de la zona de protección de Costas en el límite de los 200 metros establecidos por la Ley estatal de Costas. Todo ello supone una "posible vulneración grave de la normativa ambiental, urbanística y de protección del litoral", denuncian los tres grupos y el colectivo.
Además de las "gravísimas" actuaciones ilegales sobre el terreno, los colectivos denuncian la inacción del alcalde Arturo Poquet, así como la minimización de los hechos en declaraciones realizadas a la prensa, unas manifestaciones que, a su juicio, evidencian una falta total de sensibilidad medioambiental, ignorancia normativa y ausencia de voluntad de proteger el litoral de Benissa.
La denuncia presentada ante la Fiscalía persigue que "se paralicen las obras de forma inmediata" y se investiguen los hechos con depuración, en su caso, de las responsabilidades correspondientes, con el objetivo último de que la zona de Patmore mantenga su carácter de espacio protegido y pueda destinarse a uso público y disfrute de los benisseros y benisseras y de las generaciones futuras, evitando la ejecución de un megacomplejo urbanístico que destruiría un ecosistema único.
Ya en febrero de 2025, los grupos municipales Compromís y CIBE solicitaron un informe jurídico a una letrada urbanista especialista en Medio Ambiente que proporciona las herramientas necesarias para no otorgar la licencia de obras y evitar la destrucción de la zona. En el informe, se advertía claramente al alcalde de las ilegalidades del proyecto Patmore Resort. No obstante lo anterior, y a sabiendas de su ilegalidad, "Poquet persiste en el proyecto y defiende de forma reiterada las actuaciones ilegales de la empresa Benissa Natura en una actitud más propia de un representante del sector privado que del máximo responsable de velar por la legalidad en el municipio", critican.
Tres años de secuestro de expediente
En la denuncia ante la Fiscalía, los tres grupos señalan también la falta de transparencia y sus infructuosos intentos de acceder al expediente desde 2023. En reiteradas ocasiones, los tres grupos han pedido información sobre el avance de la tramitación de la licencia. Esta información no se entregó nunca en su totalidad, privando del derecho de los representantes públicos a ejercer su labor de oposición y fiscalización.
