ALICANTE. El conflicto del ruido asociado a la actividad de la hostelería y a la concentración de público se vuelve a reproducir en el Casco Histórico de Alicante. Los problemas de convivencia entre los locales de ocio y el descanso vecinal habrían regresado con especial intensidad a lo largo de este verano, tras el fin de las restricciones de aforo implantadas con el fin de evitar riegos de contagios durante los dos primeros años de la pandemia de la covid. Tanto es así que el colectivo vecinal Laderas del Benacantil ha puesto en marcha las primeras medidas con el fin de abordar soluciones o, cuando menos, promover la adopción de medidas paliativas que reduzcan los niveles de ruido registrados prácticamente durante todas las noches, y no solo durante el fin de semana.

En esta línea, ya se ha acordado el desarrollo de una primera concentración de protesta en la Plaza del Ayuntamiento con motivo de la celebración del pleno ordinario del mes de septiembre, el próximo día 29. Y, además, se pretende acudir a la vía contencioso-administrativa para que sea un juez el que pueda forzar la adopción de medidas restrictivas que faciliten el desarrollo de la actividad económica sin generar molestias entre los residentes como las que se ha llegado a poner de manifiesto a través de cerca de 400 quejas registradas ante el Ayuntamiento, según concretan representantes del colectivo vecinal.

Lo cierto es que no es la primera ocasión en la que se explora la vía de la justicia ante la existencia de ese mismo problema en el mismo ámbito. Como informó este diario, ya existe al menos un primer precedente que se zanjó con una sentencia hasta cierto punto equidistante respecto a los intereses de vecinos y empresarios hosteleros, en respuesta al procedimiento iniciado por un residente a título particular. 

En esa resolución, conocida en mayo de 2020, el Juzgado de lo Contencioso número 2 rechazaba la posibilidad de que el Ayuntamiento acordase la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en las calles del Casco Antiguo, al margen de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) que, según alegó la administración local, ya rige en ese ámbito. No obstante, sí instaba al equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) a revisar el Plan Especial del barrio (PECA) para que se introdujese la obligación de consulta a las comunidades de vecinos en los casos en los que se registre una solicitud de licencia para abrir un establecimiento hostelero en sus respectivas fincas con el propósito de que pudiesen formular alegaciones.