ALICANTE. La segunda sesión del juicio sobre el presunto amaño y los supuestos fraccionamientos del caso Isjoma ha transcurrido este martes con un guion similar a de la jornada inaugural de la vista. Así, los exediles del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, se han alineado con las tesis defendidas por los tres primeros acusados -el responsable de Isjoma, Isidro García, y los técnicos Ginés Pérez y Ramón Casal- para asegurar que todas las decisiones relacionadas con la adjudicación y prestación de ese servicio entre los años 2003 y 2008 se adoptaron por indicación de los técnicos de la Concejalía de Atención Urbana, bajo la supervisión de su jefe de Servicio, Víctor López, como superior jerárquico, que también figuró como encausado por los mismos hechos hasta su fallecimiento. Además, los dos exregidores también han declarado que todos los acuerdos contaron con el aval del área de Contratación y de todos los técnicos que formaban parte de la Mesa de Contratación. Es más, han señalado que no se emitió ningún reparo por parte del departamento de Intervención respecto a la adjudicación o respecto a los contratos menores que se concertaron con Isjoma, la misma empresa concesionaria.
En primer término, Llorens, que asumió las competencias de Atención Urbana durante los años investigados, y que llegó a ser vicealcalde bajo el mandato de Sonia Castedo, en el año 2011, ha asegurado que él tenía "plena confianza en los técnicos" y que él se limitaba a avalar con su firma los documentos de pago que se le presentaban. Así, en su declaración en calidad de investigado por un delito continuado de prevaricación, ha sostenido que él no disponía de tiempo para revisar los más de 300 documentos que se le pasaban a la firma y que se limitaba a comprobar que habían sido supervisados previamente por el jefe de Servicio, Víctor López.
En esta línea, ha sostenido que la revisión de esos contratos menores no estaba entre sus competencias y que, cuando tomó la delegación de Atención Urbana, en el año 2007, solo se ocupó de concretar el organigrama, sin poner en cuestión las pautas de trabajo que existían porque el jefe de Servicio era un profesional que acumulaba cerca de 30 años de trayectoria y contaba "con gran prestigio". "Era una figura en el Ayuntamiento", ha declarado, a preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
De igual modo, ha asegurado que no estaba capacitado para cambiar esos procedimientos puesto que él no era técnico y no tenía un criterio válido y ha sostenido que "a mí no me correspondía el control jurídico ni administrativo, sino atender a las asociaciones vecinales para que se atendiesen sus reivindicaciones, preparar los plenos, despachar con la alcaldesa sobre los asuntos principales y preparar los presupuestos".
Respecto a la adjudicación del contrato de 2009, ha sostenido que él expresó su conformidad con el informe de baremación de las ofertas que elaboró su jefe de Servicio, en el que se había puntuado inicialmente la oferta de Alavés como la más ventajosa al presentar un presupuesto 900.000 euros más económico que el de Isjoma. Sin embargo, ha sostenido que el contrato acabó adjudicándose a esta segunda empresa porque el concurso "no era una subasta, sino una cuestión de precio y de propuesta técnica". Así, ha explicado que el jefe de Servicio le dio una explicación genérica sobre por qué la propuesta técnica de Isjoma "era más interesante" para el Ayuntamiento. Además, ha sostenido que él estuvo presente en una comida organizada con el entonces edil de Hacienda, Juan Zaragoza, y con el responsable de Isjoma, Isidro García, en la que se habló de desbloquear el pago de facturas que tenía pendiente de cobro.
Al tiempo, ha explicado que, después de que la Mesa de Contratación elevase a la Junta de Gobierno la propuesta de adjudicación del contrato a Isjoma, fue la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, quien acordó dejar el asunto sobre la mesa de la sesión de la Junta en la que debía aprobarse para pedir un informe al jefe de Contratación en el que se concretase si el concurso se había tramitado de forma correcta. Ha explicado que la alcaldesa adoptó esa decisión después de reunirse con los representantes de Montajes Alavés -una empresa competidora que presentó la denuncia con la que se abrieron las diligencias-, quienes le habían manifestado que su oferta era mejor y que iba a cometerse una injusticia con la adjudicación a Isjoma. Con todo, ha sostenido que ese informe elaborado por el jefe de Contratación certificó que todo estaba correcto, por lo que la adjudicación a Isjoma se aprobó en la siguiente Junta de Gobierno.
Y sobre su participación en las reuniones de la Mesa de Contratación, que él presidía entonces, ha señalado que se limitaba a abrir los sobres y leer el contenido de las propuestas. Después, pasaba la documentación a los técnicos para que lo comprobasen y se iniciase su estudio.
