ALICANTE. El juicio por el presunto fraccionamiento de encargos y amaño en la adjudicación del contrato de montaje de infraestructuras festivas y culturales de Alicante del caso Isjoma arrancó este lunes con la declaración de los tres primeros acusados: el representante de la empresa encargada de la prestación, Isidro García, y dos técnicos municipales, Ginés Pérez y Francisco Ramón Casal (el primero de ellos, ya jubilado). Los tres mantuvieron la línea esperada -la de la negación del delito que se les atribuye- aunque al menos García sí admitió la existencia de encargos municipales paralelos sobre trabajos que no corrían a cargo del contrato. Eso sí, aseguró que él no tenía capacidad de decisión al respecto y que se limitaba a cumplir las órdenes de trabajo que se le daban.

Y ahí es donde volvió a coincidir en la tesis de los otros dos acusados que también prestaron declaración, al señalar que, en último término, quien manejaba las riendas del contrato y quien decía qué hacer y cómo era el jefe del área de Servicios del momento: el funcionario Víctor López, también encausado en el procedimiento y ahora fallecido. Tanto García como Pérez y Casal señalaron que era él quien concretaba qué tareas debían computarse como trabajos a certificar, al quedar incluidos en la cobertura del contrato, y qué otras debían facturarse como servicios independientes, al no quedar amparados de forma específica en esa misma prestación, según detalló el representante de Isjoma. Y Pérez y Casal corroboraron esa versión al señalar que era López como su superior jerárquico el que daba las órdenes.

Está por ver si los dos exconcejales del PP también procesados, Andrés Llorens y Juan Zaragoza, siguen esa misma línea en sus respectivas declaraciones previstas para este martes y también descargan la responsabilidad de la gestión del contrato en el funcionario que ejercía como su director facultativo. Por lo pronto, sus respectivos abogados defensores sí coincidieron este lunes con los letrados de García, Pérez y Casal en solicitar la nulidad del proceso al apuntar lo que consideraron ejemplos de vulneración de derechos, cuando no directamente errores, en su instrucción.

En esta línea, el letrado de García y Pérez, Luis Santamaría, fue el primero en plantear, como cuestiones previas, la nulidad de todo el proceso tras alegar anomalías en la obtención de información hallada en un ordenador de la empresa Isjoma y en otro equipo personal de García que dio lugar a gran parte del procedimiento y de las averiguaciones posteriores. En este sentido, señaló que su defendido accedió de forma voluntaria para colaborar con la justicia a que los investigadores de la policía pudiesen revisar esos ordenadores con la intención de buscar información relacionada con la adjudicación de los contratos, pero nada más. 

Sin embargo, según argumentó, se extrajo otro tipo de información que no tenía nada que ver con la presentación de sus plicas y, luego, se utilizaron esos datos para ampliar la causa a un supuesto fraccionamiento de contratos. Así, insistió en que se abrió una investigación global sobre una información obtenida después de que los policías se extralimitasen en la autorización concedida voluntariamente por García, sin que existiese una orden judicial de entrada y registro que amparase la obtención de información distinta. 

Además, también atacó contra la validez del vídeo de la conversación mantenida entre Zaragoza y el representante de Montajes Alavés que se acompañó a la denuncia presentada en Fiscalía: la que dio origen a las diligencias de investigación. Al respecto, señaló que -además de que la conversación pudo haberse grabado con argucias para tratar de forzar la obtención de pruebas de un hipotético delito que lo invalidarían-, no se había tenido acceso a la copia original de esa grabación; que en ningún momento se había producido la declaración de la detective que lo grabó, y que se había solicitado que se analizase técnicamente la integridad del contenido de ese vídeo y de la veracidad de su transcripción sin obtener resultados.

Para entonces, el magistrado presidente del tribunal ya había apuntado con carácter previo que la realización de ese análisis había sido imposible antes del juicio, pese a que se había solicitado por las defensas, puesto que solo podía hacerlo la brigada científica de la Policía en Madrid y que, para su elaboración, se requería del material técnico que se empleó para su registro, con la garantía de que no se hubiese utilizado en otras grabaciones posteriores.