SANTA POLA. Seis años y tres meses después de que se produjeran las primeras detenciones, en junio de 2017, este lunes arranca, en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, el juicio oral del denominado caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola. Serán juzgados dos ex concejales del PP, el jefe de la Policía Local, un oficial y un agente y los representantes de varias empresas acusados de contratar supuestamente los uniformes tanto de la Policía Local como de Protección Civil de manera fraudulenta, sin mediar concurso público, y con importantes desajustes entre el material contratado y el posteriormente servido a los operarios del ayuntamiento.
Entre los acusados están el actual intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza; el oficial Roque Miguel Alemañ; el agente Alfonso Aracil y a los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile. Los otros acusados son los responsables de las empresas Uniformes Riera, Gil de los Ríos e Isignia. La Fiscalía y la acusación particular piden penas que oscilan entre los tres y cuatros años de prisión y varios años la inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación.
El juicio arranca este lunes 18 de septiembre en Elche y se prolongará hasta marzo de 2024, con dos sesiones por cada més. El caso llega ahora a la vista oral después de seis años de instrucción y múltiples recursos por parte de los acusados con el objetivo de anular las pruebas y la presentación, además, de una querella en otro juzgado, lo que mantuvo la causa inicial muchos años paralizada.
Hay que recordar que el caso arranca en junio de 2017, cuando fueron detenidos varios agentes y mandos de la Policía Local tras una operación de la Udef de la Policía Nacional. Se investigaba las posibles irregularidades en la compra de material para la Policía Local de Santa Pola, fundamentalmente, uniformes entre 2011 y 2015, a raíz de las pesquisas llevadas a cabo por la Udef.
Previamente, el Ayuntamiento de Santa Pola, entonces gobernado por el cuatripartito formado por PSPV, Compromís, EU y Sí se Puede, más dos tránsfugas de Cs, había paralizado algunas contrataciones y revisó las anteriores por los desequilibrios entre las cantidades pagadas y el material servido, así como la presentación de tres empresas del mismo grupos en los contratos menores que optaban al servicio del material para la Policía Local y Protección Civil. La Udef recogió pruebas de una posible trama entre las empresas involucradas, del grupo de Uniformes Riera y de Gil de los Ríos, y los acusados.
