Me recomiendan que me calle porque son muchos y muy reivindicativos, pero es que si no lo digo reviento –a riesgo de que si lo digo me revienten–: lo de convertir por la patilla a los interinos que llevan cinco o más años en un puesto que no es suyo en funcionarios con la plaza en propiedad es una injusticia, una cacicada mayúscula que el Tribunal Constitucional tendrá que anular en nombre de la igualdad y la justicia, dos de los pilares de nuestro estado de derecho.

Aquí un resumen, por si alguien no está al tanto: el Congreso de los Diputados ha aprobado una ley promovida por Miquel Iceta cuando era ministro de Política Territorial y Función Pública para acabar con la vergonzosa temporalidad del empleo en las Administraciones Públicas. Una ley que se salta a la torera los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución establece como imprescindibles para el acceso a la función pública. Bueno, el de mérito no, porque precisamente es la experiencia en el puesto de trabajo, después de estar ocupándolo de forma temporal cinco años, lo que se quiere convertir en mérito suficiente para quedárselo, sin examen. 

Y aún hay más, se ha aprobado también que quienes lleven menos de cinco años pero más de tres como interinos en un puesto tendrán que pasar un concurso-oposición en el que los méritos del concurso, especialmente la experiencia, sumará hasta 40 puntos sobre cien, mientras el examen no será eliminatorio. Es decir, que si los puntos por experiencia son 40, podría ocurrir que consiguiera la plaza aún sin aprobar el examen, siguiendo la tónica de las últimas corrientes educativas según las cuales se puede pasar de curso en la ESO o Bachillerato con varios suspensos o iniciar un máster universitario sin haber acabado la carrera.