ALICANTE. La comisión para el estudio y análisis del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante llega a la fase de conclusiones finales. Su labor se dio por extinguida en la última sesión de trabajo, celebrada este viernes, en una decisión que se precipitó con un portazo. Al menos ese fue el punto de vista que defendieron los representantes de los tres partidos del eje progresista que ejercen funciones de oposición: PSOE, Unides Podem y Compromís. Sus representantes (Raúl Ruiz, Llanos Canos, Vanessa Romero y Natxo Bellido) abogaron por su continuidad al considerar que todavía podría solicitarse una nueva comparecencia del técnico que impulsó la redacción del pliego, Sebastián Chicote, y que se podría dar cabida a la participación de entidades vecinales para que ofreciesen su valoración sobre la prestación, entre otras posibilidades de análisis. 

La perspectiva de los ediles del equipo de gobierno (PP y Cs) fue diferente. Manuel Villar, José Ramón González y Antonio Manresa defendieron que ya se había cubierto el objeto de la comisión, que ya se habían cumplimentado todas las comparecencias posibles y que, además, se había alcanzado el compromiso de mantener nuevas reuniones para hablar sobre el futuro del servicio con el fin de compartir información sobre la futura licitación (el contrato vence en septiembre de este año). En resumen, que no procedía alargar "el circo", como llegaron a calificarlo los representantes del bipartito en varios lances de la comisión. Así que, después de 45 minutos de enfrentamiento dialéctico sobre la cuestión, hubo votación. Y la mayoría proporcionada por la suma de PP y Cs se impuso, 14 votos frente a 13, con la particularidad de que no se contó con la participación de Vox (su representante, Mario Ortolá, abandonó la sesión tras la primera hora y media de las cinco horas y media en las que se prolongó).

Con ese resultado, los grupos quedaron emplazados a presentar sus escritos particulares de conclusiones hasta el 26 de marzo con el propósito de que pudiesen ponerse en común en busca de un hipotético dictamen conjunto en una última sesión de la comisión prevista para el próximo 8 de abril. Todo, además, supeditado a que Vox o cualquier otra formación política pueda plantear un recurso contra esa votación al considerar que se habría producido sin la participación de todos los miembros de la comisión. 

Sea como fuere, para cuando se desencadenó la bronca política en esa última fase de la sesión ya se había podido trazar un relato sobre la evolución del servicio y la ejecución del contrato gracias a las comparecencias de los exconcejales Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón (ambos de Guanyar) y del actual titular del departamento de Limpieza, Manuel Villar (PP). Eso sí, fue un relato incompleto (como se encargaron de reprochar los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromis), ya que no se pudo contar con la comparecencia del exedil del PP, Andrés Llorens, al frente de la concejalía durante la redacción del pliego de condiciones. Y tampoco con la de los exediles Fernando Marcos (PSOE), que relevó a Pavón entre noviembre de 2017 y abril de 2018, e Israel Cortés (PP), que sucedió a Marcos como titular de las competencias hasta mayo de 2019.

En todo caso, las explicaciones de los tres comparecientes sí sirvió para poner de manifiesto que el contrato (y la ejecución del servicio) arrancó con dificultades como consecuencia de las estrecheces económicas a las que se encontraba sometido el Ayuntamiento de Alicante en el momento de su licitación (2012). Y que, desde su puesta en marcha, se han venido aplicando hasta tres modificaciones distintas sin que todavía se haya conseguido un resultado óptimo. Tanto es así que, pese a las mejorías introducidas, todavía se plantea la posibilidad de aplicar una cuarta modificación (con su lógico incremento de costes) para incorporar nuevos servicios que no estaban contemplados desde el punto de partida y que tampoco se han tenido en cuenta durante los casi ocho años que han transcurrido desde el inicio de la prestación, tras el paso de seis concejales distintos, de diferente signo político. Entre esos servicios inéditos, figuraría la incorporación de la recogida selectiva del residuo orgánico, la del aceite usado, o la recogida del residuo textil.