ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela comenzará en breve la reforma de su sede, el Palacio de Arneva. Las obras están adjudicadas y si no hay contratiempos, será en julio cuando se deba hacer el traslado de las actuales dependencias en varias ubicaciones: fundamentalmente, dos: el edificio anexo y las instalaciones de la antigua Aula de Cultura de la CAM, que el consistorio ya ha arrendado a la fundación heredera de la antigua caja de ahorros. Sin embargo, el consistorio instalará unas oficinas móviles (o barracones) en el aparcamiento del ayuntamiento para ofrecer unos servicios mínimos de cada área o concejalía.

La cuestión es que toda ésta intendencia ha generado un debate político. El PSPV considera que si el equipo de gobierno hubiera ejecutado las obras de los antiguos juzgados -permutados con la Generalitat por el nuevo edificio-, ahora el ayuntamiento tendría unas instalaciones para albergar todos los servicios, según ha denunciado este martes la portavoz, Carolina Gracia. Por ello, la edil socialista considera que de haber cumplido el acuerdo con la Generalitat, ahora se evitarían gastos en más alquileres y molestias. "Esta era una de las reivindicaciones que más se pedía desde el Ayuntamiento al presidente, Ximo Puig, sin embargo una vez cedida la titularidad del inmueble, el alcalde ha sido incapaz de cumplir y rehabilitar el edificio de los antiguos juzgados”, ha censurado. Por ello, Gracia ha anunciado que elevará una moción al pleno para exigir a PP y Cs que cumplan con lo estipulado en el convenio.

Gracia ha asegurado “este no es el único incumplimiento del Gobierno con la Generalitat y es que además sabemos que no están haciendo lo que corresponde con la cesión de las parcelas que son necesarias para la ampliación de los juzgados actuales, nos consta que no están siquiera respondiendo a los requerimientos que desde el pasado verano se han realizado por parte de la Dirección General de Justicia, está claro que a Bascuñana se le da mejor pedir que cumplir, pero lo que realmente nos preocupa es que el convenio ya avisaba de lo que supondría el incumplimiento de alguna de las partes y si el Ayuntamiento no cambia de actitud pondrá en riesgo la titularidad del edificio”.