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En manos de la empresa privada

La Nucía rescata 12 viviendas para protección pública vacías desde su construcción en 2010

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LA NUCÍA. El Ayuntamiento de La Nucía ha llegado a un acuerdo con Promontoria Coliseum Real Estate SL para que 12 viviendas de las 54 que han adquirido en el municipio pasen a manos del Consistorio. El pleno celebrado este jueves daba luz verde a la aprobación definitiva de la adenda del convenio firmado en 2007 para la promoción situada junto a la Residencia Montebello. Con ello, introducían los cambios necesarios para que el municipio se vea beneficiado de la reactivación de estos inmuebles que llevan terminados desde 2010 y nunca han sido habitados.

Tal y como informó en enero el alcalde, Bernabé Cano, el Ayuntamiento incrementó la edificabilidad del terreno a la empresa promotora Patrirasa SL. A cambio, estas viviendas se destinaban a la población joven. Las dos partes suscribieron un convenio y el pleno aprobó la utilidad pública de la edificación para protección oficial. Las viviendas se construyeron, pero la quiebra de la empresa y los sucesivos responsables de las mismas no han retomado la promoción hasta hace un año, cuando reiniciaron las conversaciones con la administración local. 

Ahora, a cambio de la comercialización y aumento de edificabilidad, el Consistorio ha realizado un estudio para examinar cuáles son los beneficios de la compañía, ligada a Solvia, y la proporción que corresponde al Ayuntamiento se ha traducido en la cesión de estas 12 viviendas. Según informó el alcalde, la intención es destinarla a protección pública, para lo cual, se sentarán las bases con los requisitos necesarios para acceder a ella y su adjudicación se harán en función de la puntuación y la lista correspondiente. 

En un principio, el acuerdo contemplaba la construcción de 72 viviendas, en la manzana situada entre las calles Serra Grossa y Montes de Parcent. Así se informó en su día hace ahora 17 años, meses antes de que explotara la burbuja inmobiliaria. La promoción se concebía dentro de las asignadas a protección oficial y estaba dirigida a jóvenes del municipio con edades comprendidas entre 18 y 35 años. En aquel entonces, las viviendas estaban valoradas en 120.000 euros, lo que se establecía un 30% por debajo del precio de mercado para los pisos de las mismas características. 

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