ALICANTE. La última sesión de la comisión de fiscalización sobre el cumplimiento de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, en manos de UTE Limpal (Clece y Fissa), se saldó este miércoles con la confirmación de la evidencia que ya se había puesto de manifiesto desde el inicio de la fiscalización: en la labor de control de ese servicio han existido actas de comprobación e informes de contenido contradictorio a lo largo de los dos años de duración del contrato, lo que impide discernir a ciencia cierta cuál ha sido en realidad su grado de cumplimiento.

Sin embargo, lo cierto es que, en último término, la prestación se ha aceptado y certificado, lo que ha permitido que se pagase las cantidades correspondientes mes a mes hasta la extinción de su duración, en febrero de 2020. En realidad, esa situación se prolonga hasta la actualidad, después del acuerdo alcanzado por el equipo de Gobierno (PP y Cs) con UTE Limpal para que siguiese asumiendo el servicio como prestación de emergencia, hasta que se produzca una nueva adjudicación (el nuevo pliego estaría ahora a la espera del visto bueno del departamento de Intervención).

A esa conclusión, recogida en el último informe emitido por el Jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, es a la que se aferra el bipartito para mantener que no se han constatado de manera fehaciente posibles incumplimientos susceptibles de motivar una penalización económica sobre la concesionaria. Cuando menos, así lo subrayó el edil de Infraestructuras y presidente de la comisión, José Ramón González (PP), al incidir, además, en que en dicho dictamen se deja constancia de que ninguno de los tres funcionarios que han supervisado el cumplimiento del contrato desde el inicio de su prestación, en febrero de 2018, llegó a completar una propuesta formal para que la Junta de Gobierno pudiese acordar una posible sanción, justificada en la existencia de carencias o defectos.

¿El resultado? Al término de la sesión, cada grupo político avanzó su propio balance sobre cuál habría sido, a su juicio, el grado de ejecución del contrato con un relato diametralmente opuesto entre los partidos con responsabilidades de gobierno y los de la oposición. PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y en parte también Vox coincidieron en que la comisión se iba a cerrar en falso sin que se hubiese podido conocer en profundidad si el pliego llegó a cumplirse o no. Entre otros puntos, por la falta de medios para evaluar esa prestación, en alusión a la inexistencia del sistema de control de horarios de los trabajadores previsto en el propio pliego que UTE Limpal debió haber instalado. Es más, fundamentalmente las tres formaciones del eje progresista reprocharon a PP y Cs que prefiriesen parte del contenido de algunos de los informes técnicos frente a otros elementos probatorios de la supuesta existencia de incumplimientos, como las quejas expresadas por los trabajadores de UTE Limpal, por la inspectora a cargo del control de la limpieza en los centros escolares y por sus propios directores. Además, recordaron que el primer responsable del contrato, que pretendía elevar una propuesta de penalización a la Junta de Gobierno, fue apartado de sus funciones justo cuando estaba completando la elaboración de ese expediente. Tampoco dejaron de recordar el retraso con el que se había puesto en marcha la fiscalización, el pasado mes de enero, cuando solo faltaba un mes para que se produjese el vencimiento del contrato, pese a que la propuesta de su constitución se había aprobado en octubre. A juicio de las tres fuerzas de la izquierda, ese retraso sería un ejemplo paradigmático de los intentos del bipartito de bloquear un análisis efectivo sobre el servicio.

Los representantes del bipartito, González y el edil de Cultura, Antonio Manres (Cs), por su parte, insistieron en atenerse a las conclusiones de los informes técnicos tras persistir en que son los que tienen valor probatorio frente a cualquier opinión y atribuyeron las dificultades detectadas en la prestación del servicio a su propio origen: el pliego de condiciones elaborado durante la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). En esta línea, instaron a los grupos de la oposición a acudir al juzgado en el supuesto de que considerasen que había existido alguna anomalía en la ejecución del contrato pese a que no constase acreditada en los informes técnicos definitivos. 

Así que, los seis grupos políticos se emplazaron a una próxima y última sesión de la comisión, el 31 de julio en la que se expondrán las conclusiones de cada formación con la intención de llegar a un dictamen -que difícilmente podrá ser de consenso- del que, después, se dará traslado al pleno. De este modo, se concretó que el plazo para presentar las propuestas de conclusiones particulares se cerrará el día 27. Todo, eso sí, después de una larga comparecencia de González ante los miembros de la comisión. 

Por partes. González fue el único concejal que llegó a ofrecer explicaciones ante la comisión entre los tres que habían sido citados por haber ejercido las competencias de Infraestructuras. La exedil socialista Gloria Vara, que asumió esa delegación hasta abril de 2018, durante los dos primeros meses de vigencia del contrato, rechazó prestar testimonio tras remitir un correo electrónico en el que aseguraba que "dado el escasísimo tiempo en el que coincidió la vigencia del contrato con mi estancia en la Concejalía de Infraestructuras, no puedo aportar nada de relieve a la comisión ni tuvo conocimiento a través del responsable del contrato, en ese espacio de tiempo, de anomalía de ningún tipo en su ejecución". Por su parte, su sucesor en ese departamento, el exconcejal popular Israel Cortés, que dirigió la concejalía desde abril de 2018 hasta junio de 2019, no llegó a ofrecer respuesta alguna después de haber recibido en mano la notificación con la petición de comparecencia.

González, que asumió las competencias de Infraestructuras en junio de 2019, sí compareció, pese a que había anunciado que no lo haría si no le precedían sus dos antecesores. Y lo hizo para detallar cuál había sido su labor política en relación al contrato. Básicamente, mantener reuniones con el comité de empresa, con los inspectores y con los dos primeros funcionarios que ejercieron como responsables del contrato, Jesús Rubio (entre febrero de 2018 y abril de 2019) y Teresa Moreno (desde abril de 2019 hasta noviembre de ese año) para tratar de dilucidar qué era lo que estaba pasando y apremiar a que se solucionase cualquier tipo de contratiempo. "Sin injerencias en la labor de los técnicos", según dijo.