ALICANTE. El caso del supuesto fraccionamiento de contratos relacionado con cuatro actuaciones acometidas en la partida de La Alcoraya de Alicante se encarrila hacia previsible juicio. La titular del juzgado de Instrucción Número 9 que instruía las diligencias (la misma que acordó el procesamiento del exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, por el conocido como caso Comercio) ha dictado un auto por el que acuerda la transformación de la causa en procedimiento abreviado al apreciar indicios de un delito de prevaricación administrativa en las decisiones acordadas por el exedil de Partidas Rurales y Fiestas, Manuel Jiménez, por el exconcejal de Infraestructuras, José Ramón González, y por los dos técnicos municipales que ejercen la jefatura de servicio de esas dos áreas municipales, Eduardo García y Javier Maestre, respectivamente.

Al tiempo, la jueza acuerda el sobreseimiento para los otros dos investigados: un segundo técnico municipal adscrito a Infraestructuras y el responsable de la empresa Rehabilitaciones Grupo Leuka que ejecutó la construcción de una pérgola en la plaza Manolo Giménez Pastor de La Alcoraya en la que se concentraron las cuatro intervenciones municipales bajo sospecha: la instalación de un circuito de aparatos biosaludables, la reparación del escenario, la redacción del proyecto de una nueva pérgola y la construcción y montaje de dicha estructura. La primera de esas intervenciones salió a concurso, mientras que las tres restantes se concertaron como contratos menores, a través de la fórmula del procedimiento negociado, por la que es la administración la que solicita al menos tres presupuestos a tres empresas distintas y (por lo general) elige a la que ofrece el importe más económico (y por tanto, ventajoso para el interés público). Se da la circunstancia, además, de que la empresa Rehabilitaciones Grupo Leuka había ejecutado trabajos de reforma en el domicilio particular de Jiménez un año y medio antes, según admitió el exedil y como se deja constancia en el auto.

El auto, pendiente de previsibles recursos en el plazo de tres días, en reforma, o de cinco, en apelación ante la Audiencia, aboca a los cuatro investigados a la celebración de juicio después de que la instructora haya apreciado que concurren pruebas indiciarias suficientes del delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos apuntado en la denuncia que presentó el grupo municipal socialista a finales del mes de abril, justo después de que el exedil Jiménez compareciese en el pleno a petición propia para dar explicaciones sobre las contrataciones objeto de la polémica, antes de presentar su dimisión y renuncia al acta de concejal. Para entonces ya había comunicado su decisión de no formar parte de la candidatura del PP para las elecciones del 28 de mayo -en la que se preveía que figurase en puestos de cabeza- con la intención de no perjudicar al partido.