ALICANTE. Al margen del debate generado tras la cascada de peticiones de renuncia -no sólo de la oposición, sino por parte de sus socios de Guanyar y Compromís-, la imputación del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por un delito de prevaricación administrativa a cuenta del supuesto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio ya tiene otra consecuencia directa: la suspensión de los planes del primer edil para retirar las competencias de Urbanismo al líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. Según las fuentes consultadas, el primer edil tenía tomada la determinación de promover el cese del también vicealcalde "desde hacía tiempo" y preveía ejecutarlo mediante la firma del correspondiente decreto de destitución en un plazo aproximado de una semana. Incluso había dado el paso de comunicar sus intenciones a la dirección regional del PSPV y -como trascendió este jueves-, en principio, el objetivo era sumar la complicidad de sus socios de Compromís para que avalasen la decisión. 

De hecho, según confirmaron fuentes municipales, Echávarri y el portavoz de los nacionalistas, Natxo Bellido, mantuvieron a primera hora de este viernes un primer y breve encuentro para tratar sobre el asunto, del que Bellido había sido alertado a través de una llamada telefónica en la noche del miércoles. Ya en persona, el primer edil confirmó su planteamiento: despojar a Pavón de sus competencias para entregárselas a Bellido. Sin embargo, según las mismas fuentes, el hipotético beneficiario de esa delegación le respondió que esa decisión debía abordarse en el seno de la comisión del pacto de gobierno. No hubo ni un sí, ni un no. Sólo que se tenía que hablar y reflexionar en el foro en el que participan los tres partidos aliados al frente del Ayuntamiento.

Ese contacto se produjo a primera hora de la mañana, antes de que se desarrollase una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno. En esa Junta, no se habló sobre el tema. Alrededor de una hora y media después, se conoció la imputación de Echávarri y su conversación con Bellido dejó de tener toda vigencia. El escenario cambió y, según las mismas fuentes, "lo hablado se convirtió en pasado". La posible reflexión en torno al relevo de Pavón dejó de ser prioritaria, sencillamente ya no estaba sobre la mesa porque ese debate había quedado superado por los acontecimientos. Tanto Compromís como Guanyar se apresuraron a convocar a sus respectivos órganos de dirección para analizar la nueva situación y fijar una posición de partido. 

En esa reflexión las dos formaciones debían poner en valor uno de los preceptos que establece el pacto de gobierno suscrito en junio de 2015 y determinar si resultaba de aplicación en el caso de la imputación de Echávarri: "Retirada de las competencias que ostenten, y sueldo, a los concejales o concejalas imputados o investigados por causas de corrupción y hasta la resolución de su causa, en el marco de la legalidad vigente". En sus respectivas conclusiones sobre la comisión de investigación del caso Comercio, tanto Guanyar como Compromís habían dejado abierta la posibilidad de pedir responsabilidades políticas en el caso de que se confirmase el delito. 

Dos ediles del tripartito han mantenido sus responsabilidades públicas pese a soportar una imputación: Marisol Moreno y el propio Pavón

Lo cierto es que, en el actual mandato, dos ediles del equipo de Gobierno han adquirido la condición de investigados y han mantenido sus responsabilidades. Uno de ellos fue, precisamente, el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, contra el que se abrieron diligencias por denegar una licencia sobre un edificio en Playa de San Juan. Esas diligencias acabaron archivándose después de que el juzgado concluyese que no podía concederse el permiso solicitado y, por tanto, que su proceder había sido el correcto. 

El segundo caso fue el de la edil de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno (también de Guanyar), que fue juzgada y condenada al pago de una multa de 6.000 euros por un delito de injurias a la Corona en relación a varios comentarios difundidos a través de las redes sociales, antes de desempeñar un cargo público, sobre la afición del Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón, a la caza.

Sin embargo, como ya ha publicado este diario, los dos aliados de Echávarri lo tuvieron claro: tanto Guanyar como Compromís exigieron su renuncia voluntaria como condición irrenunciable para la supervivencia del pacto de gobierno y reclamaron la intervención de la dirección autonómica del PSPV.           

Echávarri, por su parte, ya manifestó este viernes que no contemplaba la posibilidad de dimitir al estar convencido de que en los hechos investigados a instancias de las denuncias de PP y de Ciudadanos no existía ningún tipo de delito. Según las fuentes consultadas, su posición continúa siendo que no existió dolo, voluntad de causar perjuicio a sabiendas, y que en consecuencia las diligencias acabarán archivándose. Es más, según las fuentes consultadas, Echávarri y su entorno habrían mostrado cierto alivio en el hecho de que su citación y la de sus asesores hubiese sido rápida, sin dilaciones que pudiesen alargar el temido desgaste. Falta constatar cuál puede ser la posición de la dirección regional de su partido, a la que Compromís -aliado de Puig en el Consell del Botànic- ya le ha pedido formalmente su relevo.   

Sea como fuere, en relación al posible cese de Pavón, el primer edil siempre podría mantener su hoja de ruta y firmar un posible decreto de remodelación de competencias por su cuenta y riesgo, sin esperar a ese pretendido respaldo de Compromís que había buscado hasta este viernes. Según las fuentes consultadas, Echávarri seguiría convencido de que el relevo está justificado por la parálisis que, a su juicio, existe en el departamento de Urbanismo. No obstante, nadie duda de que una hipotética decisión unilateral en ese sentido justo en este momento acabaría por romper de manera oficial un tripartito ya renqueante, al borde de la disolución si no se produce el relevo de Echávarri. Por el momento, la reflexión está suspendida sine die, lo que no significa que esté descartada. En realidad, con las peticiones de dimisión de Guanyar y Compromís sobre la mesa, todas las posibilidades están abiertas: salvo sorpresa improbable Echávarri seguirá siendo alcalde el lunes, lo que conlleva que incluso se pueda precipitar el cese de los nueve ediles de sus aliados políticos.