ALICANTE. La tercera sesión de la comisión municipal para fiscalizar el cumplimiento de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, celebrada este viernes respecto a la labor desarrollada por UTE Limpal (la alianza empresarial que forman Clece y Fissa), permitió conocer cuál es el mecanismo técnico y jurídico en el que se basa el Ayuntamiento para poder controlar la prestación de cualquier servicio público (no solo la limpieza de centros educativos). Y sirvió también para evaluar cuáles son los límites y los puntos débiles de los que adolece ese sistema para que pueda resultar eficaz, a tenor de las explicaciones ofrecidas por el jefe de Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, con 36 años de experiencia en el Ayuntamiento.

A grandes rasgos, el relato que el máximo responsable técnico de la concejalía ofreció ante la comisión, en una comparecencia que se prolongó durante cerca de cuatro horas, vino a contradecir o matizar la mayoría de las manifestaciones formuladas por el funcionario que ejerció como responsable del contrato, Jesús Rubio, en la sesión precedente. Lo cierto es que, salvo algunos elementos novedosos de relevancia, las explicaciones que ofreció ante los concejales de PP, PSPV-PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox fueron casi un reflejo de los informes que los dos funcionarios se cruzaron desde poco antes el verano de 2018: seis meses después de que UTE Limpal pudiese asumir de manera efectiva el ejercicio de la concesión. 

Como informó Alicante Plaza, en esos escritos, el responsable del contrato comunicaba la existencia de posibles incumplimientos en cuestiones como la inexistencia de un sistema de control horario de los trabajadores, la falta de limpieza en bajantes y canaletas en las cubiertas de los centros escolares o la insuficiente limpieza de cristales, entre otras presuntas deficiencias también apuntadas en las actas levantadas por la inspectora municipal a cargo de evaluar el servicio en los colegios (apartada de esas funciones desde diciembre). 

Maestre, por su parte, le respondía que debía concretar esos supuestos incumplimientos y cuantificarlos de un modo objetivo para poder elevar una posible propuesta de penalización, siempre después de haber instado a corregirlos, primero, y de haber dado el preceptivo trámite de audiencia a la concesionaria para que pudiese formular alegaciones, después.