SANTA POLA. Poco a poco se van conociendo más detalles de la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia Nacional contra el ex alcalde de Santa Pola y actual diputado de Servicios Sociales, Miguel Zaragoza. En total, hay cinco personas implicadas: además de Zaragoza, están su hermana, Pilar, y el ex concejala de Personal, Jorge Perelló. Todos están acusados de supuesta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por supuestas irregularidades en la tramitación del alquiler de la clínica en las dependencias municipales de la zona residencial de Gran Alacant. Además, también fueron detenidos con anterioridad los dos responsables de la clínica, el gerente y el administrador, que, al igual que los hermanos Zaragoza y Jorge Perelló, prestaron declaración en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.  

El juzgado de Instrucción 2 de Elche investiga a los cinco detenidos desde diciembre de 2016 por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Aunque esas diligencias están declaradas secretas, las mismas fuentes han confirmado que los hechos guardan relación con el supuesto trato de favor a una clínica médica en el "arrendamiento de uno o varios locales municipales".

Cómo viene publicando Alicante Plaza,  la Policía investiga si, en su etapa como alcalde, Zaragoza perdonó el canon que el ayuntamiento debía cobrar a una clínica privada por montar un consultorio en unas instalaciones municipales ubicadas en la urbanización Gran Alacant. En total, la deuda asciende a 109.000 euros, a razón de 10.000 euros por anualidad. Cuando el nuevo equipo de gobierno de Santa Pola, formado por PSPV, Compromís, Esquerra Unida, Podemos y ex regidores de Ciudadanos, accedió al Gobierno local ya detectó la deuda e inició una demanda judicial para intentar que la empresa satisfaciera los pagos pendientes, que lo son todos porque nunca pagó.  El acuerdo que mantenían la clínica y el ayuntamiento incluía otras contrapartidas como el seguimiento de las bajas laborales de funcionarios y personal laboral del consistorio.

Además de cómo fue la tramitación administrativa del alquiler, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía de Alicante sospecha que Zaragoza y el entonces concejal de Personal, Jorge Perelló, percibieron como contrapartida por ese supuesto trato de favor la contratación por la clínica de familiares y amigos. Una de esas trabajadoras es la mujer del exedil y hermana del exalcalde, Pilar Zaragoza.

Y a todo ello se suma otra circunstancia: en muchas ocasiones, el personal de la clínica era suministrado por el propio ayuntamiento, según la declaración de varios testigos. Y esa sustitución de personal se hacía, entre otras veces, cuando la hermana del ex alcalde se ausentaba de su puesto de trabajo, del que la Udef investiga si era ficticio o se materializó a cambio de contraprestaciones, como lo era su sueldo.