MARINA BAIXA. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha rechazado las alegaciones presentadas por los ayuntamientos de Benidorm y Finestrat contra la sanción impuesta por supuestos vertidos al Amadorio sin autorización. En un escrito de la CHJ impone de nuevo el castigo económico de unos 30.000 euros entre los dos, al considerar que no tienen fundamento las razones aportadas por los dos consistorios.

Como ha venido contando este diario, la entidad apunta a un día en concreto: el 27 de agosto de 2020. El supuesto vertido procedería de la red de saneamiento de varias poblaciones de la comarca, tal y como señalan los informes de la CHJ. 

Para el Ministerio, y en respuesta a los recurrentes de la decisión, queda suficientemente justificada la valoración de daños al dominio público hidráulico en la documentación trasladada a los ayuntamientos. Además, defienden el proceso de la recogida de muestras, señalando que se hizo en presencia del representante de la EPSAR, que es la entidad encargada de la gestión de las instalaciones de depuración. Al mismo tiempo, informa que fueron tomadas dos muestras, cada una por duplicado (oficial y contradictoria), identificadas y precintadas, ofreciéndose la segunda a la representante del vertido, que la aceptó.

En un informe del Área de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm recogen lo expuesto por la CHJ en respuesta a sus alegaciones, mostrando de nuevo su disconformidad con la sanción e indemnización interpuestas. Consideran que no tiene ningún tipo de acuerdo con la Epsar respecto a la explotación de la Edar de la Vila Joiosa, de donde procedería el vertido. Además de recordar que no tuvieron la oportunidad de acudir al acto de la toma de muestras para realizar análisis contradictorios.