ALICANTE. La Audiencia de Alicante rechaza la existencia de todo tipo de irregularidades en la adjudicación de los contratos de montaje de escenarios e infraestructuras festivas del Ayuntamiento de Alicante de los años 2003 y 2009 que fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del denominado caso Isjoma. Un año después de la conclusión del juicio en relación a esas contrataciones, el tribunal de la Sección Primera que revisó la causa ha acordado absolver a todos los procesados, entre los que se incluyen Juan Zaragoza y Andrés Llorens: dos de los exediles del PP bajo los mandatos de Luis Díaz Alperi y de Sonia Castedo.
La sentencia, fechada el 22 de septiembre, les exonera a ambos del delito continuado de prevaricación administrativa por el que se les había procesado (a Zaragoza, además, se le atribuía otro delito de revelación de secretos en relación a la supuesta filtración de un informe de valoración) al rechazar que se hubiese producido una manipulación de proceso para que la contrata quedase en manos de la empresa Isjoma en los dos procedimientos de licitación.
Y, a la vista de las pruebas aportados, tampoco considera demostrado que hubiese un fraccionamiento de contratos por la acumulación de encargos posteriores a esas contrataciones supuestamente al margen del contrato marco, como sostenía Anticorrupción. De igual modo, al no apreciar delito, la sentencia extiende el mismo fallo absolutorio para el resto de los imputados: el responsable de la empresa Isjoma y dos técnicos municipales, al margen del jefe del área de Atención Urbana, ya fallecido en la fecha de juicio.
Así, salvo que pueda interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), la sentencia exime a los dos expolíticos -ahora alejados de la primera línea de la gestión pública- de todo tipo de responsabilidad penal, 20 y 14 años después de que se produjesen los hechos objeto del proceso. Con ello, Llorens -que llegó a ejercer como vicealcalde, además de como responsable de Atención Urbana- suma su tercera absolución, tras las que se acabaron declarando en la causa seguida respecto a la adjudicación de las obras de la Plaza de Magallanes o sobre la contratación de las obras del Plan E de estímulo a la economía.
La resolución judicial, que se extiende en sus razonamientos a través de 134 páginas, desmonta todo el relato sostenido tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación particular, ejercida por la empresa Montajes Alavés, que acudió a la Fiscalía para exponer las presuntas irregularidades al sentirse perjudicada por el acuerdo de adjudicación, con el argumento de que había presentado una oferta económica más ventajosa para los intereses municipales y de mayores prestaciones respecto a la planteada por Isjoma.
El tribunal llega a descartar la existencia de esa supuesta trama en beneficio de Isjoma, básicamente, a partir de las manifestaciones de los testigos y de las aportaciones de los peritos, entre las que incluye la rectificación respecto a su informe inicial realizada por el inspector de la Udef que analizó parte de esas contrataciones, en la que contempló la posibilidad de que en las adjudicaciones pudiesen tener cabida otros encargos adicionales, lo que conllevaría que no existiese el supuesto fraccionamiento apuntado por la acusación pública.
En esta línea, el tribunal considera que los procedimientos de contratación fueron correctos y que sí existió la supervisión municipal requerida, sin que se produjese una adulteración del concurso en favor de Isjoma, ni una acumulación ilícita de encargos posteriores en su beneficio. Además, considera que las bases de la licitación del concurso de 2003 -adjudicado por 2,3 millones- fueron redactadas por los técnicos municipales, y se descarta que fuesen estos quienes elaborasen la oferta presentada por Isjoma, como apuntaba la Fiscalía. Además, tampoco cree demostrado que fuese el gerente de dicha compañía quien elaborase las certificaciones o documentos de pago que luego debían firmar los técnicos municipales a cargo del seguimiento y control del contrato.
En la misma línea, la sentencia no considera demostrado que "desde la adjudicación del contrato en 2003 y hasta su extinción en 2009, esto es, durante la extensión máxima del contrato con una vigencia inicial de cuatro años, más las dos prórrogas, se fraccionaran indebidamente el objeto de las prestaciones con la finalidad de favorecer a Isjoma, y por ello le fueran adjudicados de forma directa múltiples contratos al margen de la ejecución del referido contrato de infraestructuras para actividades festivas y culturales".
La absolución, tercera para Llorens, llega 20 y 14 años después de que se registrasen los hechos objeto de juicio
Así, el tribunal concluye que "no se ha probado que existiera la voluntad por los acusados de contratación reiterada y por un período superior a un año infringiendo con ello la legislación que prohíbe que los contratos menores tengan una duración superior a un año que sean objeto de prórroga o de revisión de precios". Es decir, que los procesados no se conjuraron para encadenar encargos de importe menor de manera fraudulenta.
Esa apreciación se extiende por lo que respecta al contrato posterior, de 2009, sobre el que se incide en que la redacción de las bases del concurso corrieron a cargo de los técnicos municipales y que se adjudicó igualmente a Isjoma a partir del informe de valoración elaborado por el jefe del Servicio de Atención Urbana en el que se asignaba una puntuación mayor respecto a la de la propuesta presentada por Alavés. De igual modo, la sentencia recalca que tampoco habría quedado demostrado que los exediles Zaragoza y Llorens, que entonces formaban parte de la mesa de contratación, medrasen para que la nueva adjudicación -en este caso por un importe de 4,6 millones por cuatro años de duración- recayese de nuevo en Isjoma.
