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moción al pleno de enero para atender al requerimiento del consell

Guanyar persiste con otra iniciativa para que el PP corrija las 2.300 casas de Pino y Ruaya

  • El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, conversa con el concejal de Tráfico, José Ramón González, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA

ALICANTE. Guanyar no cesa en su empeño para tratar de revertir el acuerdo de pleno aprobado el 25 de octubre en relación al sector urbanístico de Pino y Ruaya, la gran bolsa de 40 hectáreas de suelo todavía por urbanizar que separa Vistahermosa de Santa Faz. La plataforma electoral que lidera Esquerra Unida (EU) ha registrado este lunes una moción, con el propósito de que se debate en el pleno ordinario del próximo jueves 31 de enero, en la que intenta promover que el Ayuntamiento acate el requerimiento formulado en diciembre por la Dirección General de Ordenación de Territorio para revertir el contenido de aquel acuerdo, por el que se aprobaba la delimitación de las fincas de Pino y Ruaya bajo determinadas condiciones urbanísticas.

En concreto, el acuerdo objeto de discusión trataba de llevar a ejecución una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de 1992 por la que se reconocía que dichas fincas debían considerarse suelo urbanizable no programado. A través de ese acuerdo, además, se hacía constar a través de la ficha urbanística de ese suelo que tendría un uso preferentemente residencial con una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea. Es decir, unas 2.300 viviendas, en función de los parámetros que rigen en los sectores colindantes.     

La Dirección General de Ordenación de Territorio, dependiente de la Conselleria de Obras Públicas, requirió al Ayuntamiento en diciembre para que corrigiese los términos de ese acuerdo en el plazo de un mes en la medida en que consideraba que excedía de lo previsto en el fallo del TSJ al reconocer unos parámetros de edificabilidad a la que no se aludía en la sentencia del alto tribunal. Como avanzó Alicante Plaza, el equipo de Gobierno, del PP, se posicionó en contra de ese requerimiento y anunció que no tenía intención alguna de rectificar la resolución municipal aprobada en octubre, ya que se apoyaba en los informes y las conclusiones de los técnicos municipales.

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