ALICANTE. Cambio de escenario en el litigio sobre la contrata de mantenimiento de zonas verdes de Alicante. La empresa Geamur, que asumió la prestación del servicio entre 2012 y 2020, da por terminada la fase de negociación con el Ayuntamiento en busca de un acuerdo que permitiese resarcir el perjuicio ocasionado tras su exclusión en el concurso convocado en 2019 para renovar la concesión e insta al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a ejecutar la sentencia a su favor, ya ratificada por el Tribunal Supremo (TS). 

En esa resolución, el alto tribunal autonómico reconocía el derecho de Geamur a ser readmitida en la licitación y conminaba al Ayuntamiento a retrotraer el procedimiento de contratación a la fase de evaluación de las ofertas presentadas, lo que dejaba a la compañía en condiciones de poder asumir el contrato, al ser su oferta la mejor posicionada en cuanto al criterio económico, una vez descartada su exclusión por un supuesto de baja anormalmente desproporcionada no justificada.

Geamur y el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), habían abierto una etapa de diálogo con el fin de intentar un pacto que pudiese evitar la ejecución de esa sentencia, después de que los servicios jurídicos municipales hubiesen elevado un escrito al alto tribunal en el que se consideraba que la sentencia no podía ejecutarse en sus propios términos toda vez que la duración del contrato al que optaba Geamur se había extinguido (en la actualidad, se presta tras una prórroga de su duración en favor de STV Gestión) y que, además, ni las necesidades en cuanto al mantenimiento de las nuevas zonas verdes incorporadas en los últimos tres años, ni el coste del servicio, podrían tener encaje en la propuesta técnica y económica presentada por la compañía.

En ese proceso de conversaciones, el Ayuntamiento planteó una primera propuesta de compensación económica que Geamur consideró inadecuada para cubrir el perjuicio ocasionado. Pese a todo, las dos partes mantuvieron la negociación hasta el punto de solicitar una prórroga adicional al TSJ por otros dos meses con la intención de acercar posturas en busca de ese acuerdo extrajudicial.