ALICANTE. Las cartas vuelven a quedar boca arriba en la crisis sobre la permanencia de la escuela de negocios de Fundesem. La Conselleria de Economía reclama garantías de pago, un plan de viabilidad contable que garantice su pervivencia como entidad y un proyecto de futuro para el funcionamiento de la propia escuela como condiciones para mantener el contrato de arrendamiento de las instalaciones del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) que hoy ocupa el centro formativo. 

Ese es, a grandes rasgos, el resumen del encuentro de cerca de dos horas de duración celebrado este lunes con la mediación del Ayuntamiento de Alicante -propietario de los terrenos en los que se asienta el edificio- en busca de una salida que permita la continuidad de la escuela de negocios. Entre las prioridades expuestas durante el encuentro figuraría la presentación de un plan de pago que permita saldar 600.000 euros de la deuda arrastrada por el impago de rentas de alquiler durante los últimos tres años: el periodo en el que la junta directiva actual tomó las riendas de la entidad. 

Además, ese abono debería producirse a corto plazo con el propósito de que se pudiese mantener la confianza de la administración en la capacidad económica de Fundesem. Por su parte, la liquidación del millón de euros restante debería cubrirse a medio plazo, con los instrumentos que la entidad pueda concretar en ese plan de viabilidad requerido por el departamento autonómico que coordina el conseller Rafael Climent.

Además, Economía insta a Fundesem a presentar un plan de viabilidad para la propia escuela de negocios, de modo que se procure la continuidad del proyecto formativo. Es decir, justo la prioridad concertada entre la conselleria y el Ayuntamiento de Alicante en el acuerdo alcanzado para dar una última oportunidad a Fundesem que evite su desalojo. Por el momento, la efectividad de la ruptura del contrato de alquiler sigue suspendida, a la espera de que se pueda valorar la documentación reclamada este lunes.

Fundesem debería aportar ese doble plan de viabilidad por escrito a la mayor brevedad. Si fuese posible, en el margen de las dos próximas semanas, ya que, según fuentes del departamento autonómico, debe producirse un proceso de evaluación técnica y jurídica por parte de otras instancias de la propia Generalitat que requiere de tiempo de tramitación. Entre esas otras instancias, figuraría la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, responsable de la gestión de los activos de la administración autonómica.