VALÈNCIA. El envejecimiento de la población española está transformando el reparto de los recursos públicos. En apenas tres décadas, el gasto destinado a pensiones, sanidad y otras prestaciones asociadas a la vejez ha ganado más de cinco puntos de peso sobre el PIB, mientras que la inversión pública se ha reducido en más de un tercio. Esta una de las principales conclusiones del informe Instituciones, envejecimiento y equidad intergeneracional, elaborado por el economista José Ignacio Conde-Ruiz para Fedea, que alerta de que este cambio de prioridades compromete la capacidad de la economía para sostener el crecimiento a largo plazo.
El trabajo sostiene que España afronta un reto que trasciende el ámbito demográfico. A su juicio, el problema ya no es únicamente el aumento del número de jubilados o el incremento de la esperanza de vida, sino el impacto que ese cambio tiene sobre las instituciones, las cuentas públicas y la capacidad del país para invertir en productividad. El autor considera que el Estado del bienestar fue diseñado para una realidad demográfica que ya no existe y advierte de que, sin reformas, tenderá a dedicar una parte creciente de los recursos al gasto ligado al envejecimiento en detrimento de las políticas orientadas al futuro.
Cinco puntos más de PIB para el envejecimiento
Los datos recopilados en el informe reflejan esa evolución. Entre 1995 y 2024, el gasto público asociado al envejecimiento -que agrupa pensiones, sanidad y prestaciones de supervivencia- pasó del 13,8% al 19,1% del PIB, un incremento de 5,3 puntos porcentuales. En ese mismo periodo, el gasto destinado a educación, investigación, vivienda, infancia y otras políticas orientadas a generar oportunidades apenas se mantuvo estable, alrededor del 7% del PIB, mientras que la inversión pública descendió del 4,4% al 2,7% del PIB.
Conde-Ruiz señala que este desplazamiento no responde tanto a decisiones políticas concretas como al funcionamiento automático de un sistema diseñado para otra estructura de población. Cada nueva cohorte de jubilados es más numerosa y vive durante más años, lo que incrementa de forma estructural el gasto en pensiones, sanidad y dependencia y reduce el margen disponible para financiar otras políticas públicas.
Las previsiones apuntan, además, a que esta tendencia continuará durante las próximas décadas. El informe estima que el gasto asociado al envejecimiento pasará del 20,3% del PIB registrado en 2023 al 25,5% en 2050. Solo las pensiones alcanzarán el 16,1% del PIB, mientras que el gasto sanitario crecerá hasta el 8% y la atención a la dependencia supondrá el 1,4%.
La productividad, el gran reto
El estudio defiende que este cambio coincide con el agotamiento del denominado dividendo demográfico. Durante décadas, el crecimiento de la población en edad de trabajar impulsó la economía española, pero esa ventaja ha desaparecido y las proyecciones apuntan a que la tasa de dependencia seguirá aumentando. En este contexto, la productividad se convierte en el principal motor del crecimiento económico.
Sin embargo, el autor advierte de una paradoja. Precisamente cuando España necesita invertir más en educación, innovación, investigación o capital humano para elevar la productividad, el envejecimiento desplaza cada vez más recursos hacia el gasto corriente vinculado a la edad. A ello se suma el envejecimiento de la fuerza laboral y el retraso en la emancipación de los jóvenes, factores que, según el informe, también pueden limitar la capacidad innovadora de la economía.
Un electorado cada vez más envejecido
El informe también vincula esta evolución con la transformación del electorado español. Recuerda que en 2017, por primera vez en la historia democrática, el número de ciudadanos mayores de 64 años con derecho a voto superó al de menores de 35 años. Desde entonces, esa diferencia no ha dejado de ampliarse y las proyecciones indican que seguirá creciendo durante las próximas décadas.
A juicio de Conde-Ruiz, esta evolución modifica los incentivos de los partidos políticos, que encuentran un mayor retorno electoral en proteger el gasto presente que en impulsar inversiones cuyos resultados solo se materializan a largo plazo. El resultado, sostiene, es un sistema que tiende a favorecer las políticas orientadas a las generaciones mayores frente a aquellas destinadas a mejorar la productividad y las oportunidades futuras.
Las propuestas: de adelantar la edad de voto a equilibrar el gasto
Frente a este escenario, el informe plantea un conjunto de reformas para corregir el sesgo intergeneracional que, a juicio de Conde-Ruiz, se ha instalado en las instituciones. La primera consiste en reforzar la representación política de los jóvenes y de las generaciones futuras, mediante medidas como rebajar la edad de voto a los 16 años, incorporar memorias de impacto intergeneracional en las leyes o crear órganos específicos que evalúen las políticas públicas con una perspectiva de largo plazo.
En el ámbito fiscal, el economista propone introducir reglas que obliguen a equilibrar el crecimiento del gasto. Su planteamiento pasa por que cada euro adicional destinado a pensiones, sanidad o dependencia vaya acompañado de un euro de inversión en políticas orientadas al futuro, como la innovación, la educación, la investigación, la vivienda, la infancia o el empleo, evitando además que ese aumento del gasto pueda financiarse mediante deuda pública.
El informe también plantea reformar el sistema de pensiones para adaptarlo al aumento de la esperanza de vida. Entre las medidas propuestas figuran calcular la pensión inicial sobre toda la vida laboral y recuperar un mecanismo automático que ajuste la prestación a la longevidad, de forma que quienes previsiblemente cobrarán la pensión durante más años perciban una cuantía anual menor, manteniendo el mismo equilibrio actuarial entre generaciones. El autor defiende que parte del ahorro obtenido debería destinarse a reforzar la educación infantil, la investigación, las infraestructuras productivas o la lucha contra la pobreza infantil, al considerar que son las inversiones que sostendrán el crecimiento futuro.
Por último, Conde-Ruiz apuesta por desarrollar el segundo pilar del sistema de pensiones mediante planes de empleo con adhesión automática (auto-enrolment), un modelo implantado en países como Reino Unido. El esquema consiste en inscribir por defecto a los trabajadores en un plan de ahorro complementario -con aportaciones compartidas entre empresa y empleado y posibilidad de darse de baja voluntariamente- para elevar el ahorro a largo plazo. Según el informe, ese capital permitiría financiar inversiones en empresas, innovación, infraestructuras o vivienda en alquiler, mejorando la productividad y contribuyendo al mismo tiempo a facilitar el acceso a la vivienda de las generaciones más jóvenes.
