ALICANTE. La Federación de Obras Pública de la provincia de Alicante (Fopa) toma posiciones respecto al goteo permanente de inversiones públicas expuestas a paralizaciones o rescisiones de contratos con un llamamiento al conjunto de administraciones para que modulen las condiciones de sus concursos, de forma que no acaben convirtiéndose en meras subastas que primen la competencia de precio en las que se dé por ganador a la oferta más baja. 

En esta línea, representantes de la federación ya han mantenido varios encuentros con responsables del Gobierno y de la Generalitat, que se extendieron este lunes hasta el Ayuntamiento de Alicante, con el propósito de solicitar la inclusión de fórmulas matemáticas en forma de parábola a la hora de valorar el factor precio de las ofertas presentadas, de modo que no se puntúe el mejor importe de una forma lineal, sino que pueda asignarse una mayor puntuación al respecto a partir de la media de los precios propuestos. 

Con ello, se dejaría de incentivar que cada convocatoria acabase convirtiéndose en una carrera entre empresas por ofrecer el precio más bajo, lo que, a la postre, acaba conllevando retrasos, incumplimientos y abandonos o rescisiones de contratos ante la imposibilidad real de que las empresas ganadoras puedan asumir la obra al precio comprometido. La rescisión contractual es, de hecho, la decisión que se ha tenido que adoptar en varias de las iniciativas desplegadas en Alicante, como la reurbanización de la Plaza de San Blas, la construcción del parque del barrio de La Torreta o la reforma de la avenida de Jijona, por ejemplo.

Al tiempo, en esos encuentros -como sucedió con la reunión desarrollada con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la edil de Urbanismo, Rocío Gómez- también se estaría trasladando a los dirigentes públicos la necesidad de los procesos de licitación primen en mayor medida la calidad de las propuestas, y no tanto el precio, para apostar por una buena ejecución posterior.

Precios justos

A ello se añadiría, además, un tercer requerimiento con el mismo propósito constructivo de evitar incidencias. Se trataría de procurar precios justos para el desarrollo de cualquier inversión, actualizados al valor de mercado de los materiales de la construcción, ya que, con ello, se evitaría que muchas licitaciones quedasen desiertas por falta de aspirantes interesados. 

Máxime si se tiene en cuenta la evolución experimentada a lo largo de 2022, que habría quedado ligeramente atenuada en 2023, aunque seguiría registrando aumentos de entre el 5 y el 8%. La ecuación, sencillamente, no cuadra si se tiene en cuenta que el margen de beneficio de las empresas para poder competir en precio se queda muchas veces en torno al 2%, lo que impide que llegue a optarse a muchas licitaciones.

Fuentes de Fopa consultadas precisaron que esas prácticas ya se están comenzando a introducir en las nuevas licitaciones puestas en marcha por varias administraciones. Entre ellas, el mismo Ayuntamiento de Alicante. Con todo, apremiaron a seguir trabajando en esa dirección y a considerar, en su caso, la posibilidad de acordar la exclusión de ofertas en el caso de que incurran en baja temeraria.